MADRID. El Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva la nueva Ley del Suelo y, como acostumbra a suceder en los grandes proyectos legislativos, fue el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió la norma ante el pleno de la Cámara baja. El nuevo cuerpo legal «aumenta la transparencia para combatir radicalmente las irregularidades y la corrupción en el ámbito urbanístico», afirmó Zapatero. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, subrayó que a partir del próximo 1 de julio, cuando entre en vigor la ley, aumentará el porcentaje mínimo de pisos protegidos y mejorará la transparencia en los ayuntamientos. El Partido Popular mostró su «rechazo frontal» al texto final.
En su exposición, el presidente del Gobierno aseguró que la Ley del Suelo es una norma «a la medida de los ciudadanos» que integra «el legítimo interés particular en el interés general». A su juicio, la ley «cambiará las condiciones en las que se ha desarrollado hasta ahora una actividad del mayor interés para la vida cotidiana de las familias españolas». Tras la votación del proyecto, María Antonia Trujillo explicó que la ley «es para todos los ciudadanos y no sólo para los propietarios».
Rodríguez Zapatero insinuó que la norma servirá para atemperar el encarecimiento de la vivienda. «Con los instrumentos de esta ley tenemos que frenar una espiral de precios desorbitados que se ha vivido en los últimos diez años», afirmó. El presidente hizo especial hincapié en el deber de las administraciones de terminar con la «anomalía» de la gran cantidad de pisos desocupados.
La nueva regulación termina con el actual sistema, en el que todo suelo es urbanizable salvo los especialmente protegidos. Un planteamiento que Zapatero criticó porque «acaba siendo el desorden en todo el urbanismo y la mayor tentación para la especulación y las irregularidades».
A partir de julio, los terrenos que hayan de expropiarse se valorarán en función de su situación real y no en función de expectativas como la posibilidad de que en el futuro estén cerca de un desarrollo urbano, de una estación de tren o de una carretera.
En el plano municipal, la ley introduce varias novedades destinadas a aclarar al máximo los procesos urbanísticos y, sobre todo, la participación de los alcaldes y concejales en los mismos. Se les aplicará un régimen de incompatibilidades muy estricto.
«Todos los instrumentos se han introducido para que usemos las administraciones a favor de los ciudadanos, preservemos paisajes cuidados, aseguremos honestidad en la gestión y multipliquemos las oportunidades para los jóvenes», concluyó Rodríguez Zapatero. COLPISA
