MADRID. El comando Donosti de ETA desarticulado a finales del pasado marzo en Gipuzkoa y Navarra tenía en su poder documentos con datos sobre la «negociación y las conversaciones» entre la organización terrorista y «el Gobierno, el PSOE y el PNV», además de archivos sobre la estrategia de Batasuna para poder concurrir a las elecciones del 27-M a pesar de la ilegalización.
Así lo revela el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el auto de procesamiento de los quince miembros de este gran complejo terrorista denominado Urederra. Moreno sostiene que la cúpula de la organización había ordenado a sus activistas que no atentaran contra integrantes del PSOE, pero que continuaran con los seguimientos a políticos del PP y miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.
En su escrito de nueve páginas y fechado ayer, el magistrado Moreno, que da por cerrada la investigación sobre la mayor estructura que ETA mantenía activa, explica que toda esta documentación sobre los supuestos contactos entre el Ejecutivo y la organización terrorista se encontró en una memoria informática portátil (flash) que la Guardia Civil intervino el pasado 28 de marzo en el registro del domicilio de Arkaitz Agote.
Este activista está considerado por los investigadores como el editor jefe de Zutabe (boletín interno de ETA) y miembro del talde de información del complejo Donosti junto a Sergio Lezkano, «responsable de propaganda» de Batasuna, de EHAK y de Abertzale Sozialista Batasuna, y uno de los organizadores del acto del BEC de Barakaldo.
El instructor señala que en esa memoria se hallaron tres documentos titulados Aurrera Begira Ildoia (Línea de cara al futuro), Ildo Politikoa 06/07 (Línea política 06/07) y Egoera Politikoa (Situación política). En ellos, ETA y Batasuna -«indistintamente», según mandos de la lucha antiterrorista- establecen estrategias sobre asuntos como «criterios para la dirección, retos políticos, situación del proceso de negociación, línea de respuesta, frente negociador de la organización, la mesa de negociación de la organización y situación política-momento del proceso».
Esos tres informes, destaca Moreno, incluyen también apuntes sobre «las negociaciones-conversaciones con el Gobierno, el PSOE y el PNV, las líneas de actuación política y las fórmulas para posibilitar la participación de Batasuna en las próximas elecciones del 27 de mayo de 2007».
En esos papeles, en los que se mezclan indistintamente los contactos con el Ejecutivo y la estrategia de la coalición ilegalizada para poder participar en los comicios, ETA propone cuatro opciones para concurrir el 27-M: «a) presentarse como Batasuna, b) presentarse como Batasuna pero con el plan B (que no se especifica), c) presentar plataformas locales y d) presentar plataformas locales en los pueblos y Batasuna en los herrialdes».
Instrucciones
En ese contexto de supuestas «negociaciones» entre la organización terrorista y el Ejecutivo, el juez asegura que el jefe del comando, Xacinto, «había recibido instrucciones de los responsables de ETA de que, en general, no se atentase contra miembros del PSOE, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna y Aralar», aunque sí debían de seguir con los seguimientos a políticos del PP, militares y miembros de los tres cuerpos de seguridad. Asimismo, la cúpula terrorista había ordenado hacer informaciones sobre funcionarios de prisiones siempre que «no fueran miembros de ELA».
Ismael Moreno confirma en su escrito la prisión para Xacinto, los informadores y miembros de Batasuna Agote y Lezkano, y para otros seis detenidos del comando Donosti: Juan Carlos Herrador, Itziar Agirre, Lorea Irigoien, Iñigo Orue, Joseba Mirena González Pavón y Unai Lamariano.
Además, el magistrado dicta órdenes de busca y captura internacionales contra otras seis personas presuntamente relacionadas con este talde y que siguen en paradero desconocido: Garikoitz Aspiazu, Txeroki, el jefe operativo de ETA que ordenó los seguimientos; Leire López Zurutuza, Alejandro Zobarán, Temblos; Ekaitz Agirre; Iñaki Imaz; e Iñaki Lerín, hermano de Xacinto. Todos ellos están acusados de pertenencia o colaboración con banda armada, tenencia de explosivos y falsificación de documentos oficiales.
La información sobre las negociaciones hallada en poder de un detenido fue acogida de manera muy diferente pos socialistas y populares. El secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, se limitó a señalar que «todo el mundo sabe»que el Gobierno inició un proceso de diálogo con ETA que «quedó interrumpido» con el atentado de Barajas. «No es sorprendente que alguien diga que hubo un proceso de diálogo, porque es conocido por el conjunto de la sociedad», finalizó.
Por su lado, el secretario general del PP, Ángel Acebes , exigió al Gobierno y al PSOE una «aclaración inmediata acerca de una noticia de la máxima trascendencia». COLPISA
