Creo que fue Jonan Fernández -desaparecido en las nieblas de Aránzazu y de la pacificación mundial- quien acuñó el término de «insistencialismo»: volver a plantear lo mismo, volver a insistir, en su caso, en la necesidad del diálogo, volver a repetir lo mismo todas las veces que haga falta. No serán pocos los que en Euskadi entiendan que el «insistencialismo» es lo más parecido al aburrimiento, pero es probable que los impulsores del «insistencialismo» esperen de los adversarios que cejen y cedan precisamente por aburrimiento. Es cierto que el llamado problema vasco -probablemente una quimera para sentirnos vivos, o para creernos distintos- es aburrido por recurrente y porque no presenta nunca nuevas perspectivas. Aunque en honor a la verdad hay que decir que parece que cada día que pasa se presenta con nuevos ropajes. En la ocasión presente se ha vestido de la legitimidad y la legalidad de las listas que Batasuna pretende colar para estar presente en las instituciones locales y forales. Parece que es un problema nuevo, que en realidad no se trata del ya desgastado problema vasco, sino de otras cuestiones de tremenda importancia, como son el respeto de los derechos constitucionales de los ciudadanos vascos, del respeto a los derechos humanos, de la legitimidad de defender todos los proyectos políticos, de la pureza de la democracia.
Pero, sin negar que el debate relativo a las listas de ASB y de ANV algo tiene que ver con cuestiones constitucionales y de derechos humanos, ante la metodología del «insistencialismo» y del aburrimiento como arma eficaz de ETA-Batasuna contra el Estado de Derecho, es necesario ver otra vez en los ropajes nuevos, y sin desatender lo específico de la situación, los problemas de siempre, las estratagemas de siempre, la lucha de siempre. Para no perder la orientación. Para no equivocase en el diagnóstico. Para no dejarse inducir a error y engaño. Se trata de nuevo de la lucha por imponer la voluntad de quienes no reconocen el Estado de Derecho, ninguno, ni el español, ni el francés, ni ningún otro, porque combaten el sistema Estado como objetivación opresora de la libertad subjetiva colectiva. Se trata de utilizar todas las ventajas que ofrecen el Estado de Derecho y la democracia para golpearlos desde dentro del sistema. Se trata de retar al Estado de Derecho, se trata de demostrar que se puede imponer la presencia de un partido ilegal en las instituciones superando los obstáculos de la Ley de Partidos. Se trata de anular en la realidad una ley que ha minado poderosamente la capacidad de acción subversiva de ETA-Batasuna.
Incluso en el supuesto de que en ETA y Batasuna existiera una verdadera voluntad de finiquitar ETA como terrorismo, la pugna por invalidar la Ley de Partidos políticos es parte de la batalla por la autoría del relato, por la capacidad de escribir la historia de lo que ha sido ETA: una lucha que ha tenido sentido, un terror que ha dado frutos, un relato que niegue que haya habido víctimas, que haya habido verdugos. Y en la medida en que el problema sigue siendo el mismo de siempre, el intento de imponer la voluntad de quienes no han aceptado las reglas de juego y han recurrido al terror y a la violencia sigue siendo el mismo debate sobre la estrategia a seguir en la lucha contra el terrorismo.
Dejando, de momento, las cuestiones jurídicas, quienes defienden el derecho de la llamada izquierda abertzale a estar presente en las instituciones lo hacen porque consideran que así se refuerza a quienes están por buscar el fin de ETA como organización terrorista, a quienes buscan romper todo vínculo con ETA, a quienes buscan imponer a ETA la necesidad del abandono de la violencia y del terror. Y quienes argumentan a favor de cerrar todas las puertas a la participación institucional de Batasuna, por sí misma o por medio de terceros, lo hacen porque entienden que si consiguen estar en las instituciones sin romper con ETA no tendrán ninguna motivación para ello una vez que hayan conseguido lo que querían. Y mucho me temo que estos últimos tengan la razón: ¿Por qué habrían de sentirse motivados a romper con ETA estando en las instituciones si se les había planteado la ruptura con ETA como condición de acceder a ellas? Muy difícil de entender.
Los discursos que hablan permanentemente de la necesidad de acercar el mundo del derecho a la realidad social parecen olvidarlo en cuanto de ETA y Batasuna se trata. Pocas veces se habrá visto tanta unanimidad en la convicción de que las listas de ASB y las de ANV son instrumentos de Batasuna para poder estar en las instituciones. Parece que nadie duda de ello. Incluso el resto de partidos nacionalistas lo reconocen y no lo ponen en duda: únicamente dicen que la Ley de Partidos políticos es contraria a la democracia y que debiera ser derogada. Pero no basta la realidad social de la convicción casi unánime. El derecho, ese mundo que hay que acercar a la realidad social, es de repente algo muy distante de ella. No valen las convicciones sociales, ni las evidencias. No valen los argumentos de sentido común. Hay que entrar en las finuras del derecho. Están en juego las libertades y los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. El derecho a elegir y a ser elegido.
Se argumenta que la ilegalización de Batasuna dejó sin derecho a voto, es decir a elegir, a decenas de miles de ciudadanos vascos. Pero quizá sea preciso plantear algunas preguntas que fuercen a matizar el argumento: ¿Es derecho constitucional votar a un partido concreto? ¿Es derecho constitucional votar, por ejemplo, a un partido que proclame el derecho a privar de la vida a quien ese partido considere oportuno? ¿Es constitucional votar a un partido que proclame la inferioridad de las mujeres, o de los varones, o de miembros de una raza? ¿Es o no es la Constitución en su conjunto un sistema que delimita los derechos y las libertades por ella misma proclamadas y garantizadas? Es sabido, y suficientemente criticado, que el sistema democrático español es de democracia representativa, y que son los partidos políticos quienes monopolizan dicha representatividad, hasta el punto de caracterizar la situación política española como de partitocracia. En un sistema así, ¿el derecho a ser elegido es un derecho individual, un derecho que se predica de todos los ciudadanos españoles, o es un derecho que está mediatizado por la fuerza y el monopolio de los partidos? ¿De verdad creemos que el sistema constitucional español garantiza el derecho de cualquier ciudadano a ser elegido si no es miembro primero de un partido político, y, en segundo lugar, si no supera la infinidad de trabas, obstáculos, cribas, lealtades, deslealtades, codazos y otras lindezas dentro del propio partido? ¿Estamos hablando realmente del derecho a ser elegidos de casi todos los que están en las listas alternativas de ASB y de ANV, o estamos hablando del derecho de Batasuna a estar presente, como sea -¿aunque han proclamado su deseo y su voluntad de estar como lo que son!- en las instituciones? ¿De quién es el derecho realmente, de cada ciudadano o del partido?
Es probable que los juristas dejen de lado esas preguntas y se protejan en la inmanencia de una interpretación estrictamente jurídica. Pero quizá debieran darle vueltas a aquel comentario del excelente profesor alemán de derecho constitucional Peter Häberle, quien explica que la constitución es el texto, el contexto y la comunidad libre de intérpretes. Y por encima de todo, y aunque la idea que se expresa a continuación vaya en contra de la corrección política oficial: los derechos pueden entrar en contradicción unos con otros, los derechos no son un bien ilimitado. Y los derechos a elegir y a ser elegido, me imagino, no estarán desligados del derecho a la vida, y de la obligación del Estado a proteger ese bien básico, sin el que el derecho a elegir y a ser elegido poco sentido tendría.
Pero cuando hablamos de ETA, y de lo que ETA reconoce como digno de participar en su realidad de verdad de la historia -Batasuna y movimientos adláteres-, estamos hablando de la negación del derecho a la vida de los que esa organización decide que son obstáculos en el camino de la realización de su proyecto político.
