La publicación oficial de las candidaturas registradas de cara a los comicios del 27 de mayo en el País Vasco y en Navarra ha permitido constatar que la izquierda abertzale tenía la intención de jugar con dos posibilidades alternativas: la de las listas identificadas con ASB y el recurso a las siglas ANV para tratar de regresar a las instituciones. La Justicia requiere ahora pruebas, sea para la impugnación de candidaturas o para una eventual suspensión de Acción Nacionalista Vasca. Asimismo, las partes legitimadas para instar una u otra están obligadas a proceder con escrupulosidad legal. Pero la convicción de que los candidatos presentados en nombre de ANV obedecen a la disciplina de Batasuna, y que la propia operación de presentar tantas candidaturas sólo es posible contando con la capacidad organizativa y el encuadramiento de la izquierda abertzale, resulta tan fundada que únicamente podría ponerse en cuestión desde una fingida ingenuidad.
A primera vista, cabe deducir que la izquierda abertzale se ha cuidado de integrar en muchas de las candidaturas de ANV una o dos personas de significada trayectoria, acompañándolas de otras cuya presencia no resultaría contaminante por carecer de antecedentes demostrables. Así, el diseño de la presencia de Batasuna en ANV perseguiría salvar los criterios expuestos por el Tribunal Constitucional, cuando en su sentencia del año 2005 contra Aukera Guztiak estableció que no puede conferirse «relevancia alguna al hecho de que dos de las candidatas integradas en la agrupación hayan concurrido por los partidos ilegalizados a las elecciones municipales de 1983 y 1991». Y buscaría dicho objetivo contemplando sin duda la eventualidad de que pudieran manifestarse posturas discrepantes entre la Sala Especial del Tribunal Supremo y el propio Constitucional.
La providencia dictada por el juez Baltasar Garzón confirma la posibilidad de que la situación se aproxime a un intento de fraude de ley. Un intento, además, nada fácil de atajar para el Estado de Derecho. Garzón formula, entre otras, la pregunta de «si la presentación de ANV como partido político que concurrirá o que tiene pretensión de hacerlo a las próximas elecciones municipales ha sido planeada o diseñada, o las listas electorales elaboradas, por Batasuna» y «si ANV es un instrumento de ETA-BATASUNA en la actualidad». Preguntas que, si en el terreno de las convicciones cualquier ciudadano podría estar en condiciones de afirmar, no resultan tan sencillas de certificar con pruebas desde un punto de vista judicial. La rotundidad con la que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado han venido manifestándose frente a la pretensión de legalizar ASB parece desvanecerse ante la maniobra urdida en torno a ANV. Pero los indicios existentes apelan a su responsabilidad para una rigurosa indagación que evite un fraude de ley.
