La Jornada Institucional en Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, que ayer se celebró en Bilbao, dio cumplimiento a una proposición no de ley que el Parlamento vasco aprobó, con el apoyo entonces unánime de todos los grupos democráticos, hace ahora casi cuatro años. El tiempo transcurrido y el hecho de que algunas de las más importantes asociaciones de víctimas y el propio Partido Popular rehusasen secundar el acto de ayer son buena muestra de las abiertas discrepancias que persisten, especialmente en el País Vasco, sobre aquello que más debería unir a los demócratas y a la sociedad en general. A pesar de lo cual la celebración del encuentro, aun siendo tardío y no unánime, representa un dato más positivo que negativo para el justo e imprescindible reconocimiento a que son acreedoras las víctimas de ETA.
Es obligado señalar que ha sido precisamente la persona del principal impulsor de la jornada, el lehendakari Ibarretxe, la que se ha erigido, por su actitud a veces insensible con las víctimas, en una de las causas principales de su precario resultado. En el lehendakari se han personalizado las críticas y los recelos que un buen número de víctimas, presentes en el acto de ayer o ausentes de él, dirigen con razón al conjunto de las instituciones vascas. Tampoco la sociedad vasca puede sentirse orgullosa de su comportamiento con las víctimas. Ella también, como las instituciones, ha incurrido y sigue incurriendo aún en la crueldad de contextualizar o comprender lo que no es sino fanatismo y totalitarismo.
Por ello, la petición de perdón que ayer expresó el propio Ibarretxe por «no haber estado a la altura de las circunstancias» en el pasado sólo podrá ser tomada en consideración si marca realmente un punto de inflexión y se traduce, de ahora en adelante, en un compromiso sin reservas con la dignidad de las víctimas, del que la ciudadanía vasca sea parte activa.
Tal compromiso no puede limitarse a la expresión de sentimientos de compasión, ni reducirse a la condena moral de la violencia. Ha de tener también consecuencias políticas. La dignidad de las víctimas comienza a ser reconocida y respetada cuando se proclama la radical injusticia que con ellas cometieron sus verdugos. No cabe, por tanto, ningún planteamiento que trate de encontrar en algún tipo de razones políticas -llámense éstas conflicto o contencioso irresuelto- justificaciones o explicaciones que minimicen la injusticia. No cabe tampoco ningún tipo de diálogo o de negociación con los verdugos o con sus representantes que ponga sobre la mesa precio o premio alguno que acabe justificando a posteriori la radical injusticia que éstos cometieron con sus víctimas. Porque la dignidad de las víctimas de ETA no será plenamente respetada mientras el terrorismo no quede deslegitimado de manera radical e incondicionada.
