El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que ayer presentó el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, no ha podido comenzar con peor pie. Una iniciativa que estaba -y todavía está- llamada a marcar un hito de la legislatura en el área de la política social amenaza con convertirse en una causa de grave discordia entre las instituciones y, quizá también, entre los partidos que las gobiernan.
Los servicios sociales han sido en nuestra comunidad, desde que se regularon por ley en 1982, una materia de actuación compartida en la que vienen interviniendo en los respectivos niveles de planificación, programación y ejecución, las instituciones comunes -Parlamento y Gobierno-, los órganos territoriales -juntas generales y diputaciones forales- y los ayuntamientos. Su eficacia, que ha mejorado y sido reconocida a lo largo de estos veinticinco años, se ha basado siempre en un complejo equilibrio de negociaciones y acuerdos continuos entre esos tres niveles de la Administración autonómica.
Era por tanto lógico pensar que ese mismo espíritu de cooperación estaba inspirando la laboriosa elaboración del actual anteproyecto y así lo avalaban los primeros pasos dados desde que el consejero hizo públicas, el pasado mes de febrero, las líneas generales de la que está llamada a ser tercera Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la presentación que hizo ayer de la iniciativa ha desatado la crítica unánime de las tres diputaciones, que le acusan de haber actuado por intereses electoralistas y con deslealtad, al avanzar unos contenidos que no habían sido consensuados y que, a día de hoy, aún se encontraban en fase de debate y negociación. Un desencuentro que podría poner en peligro, al menos temporalmente, el buen término de un proceso que parecía del todo necesario para hacer frente a lo que sin duda es una importante demanda de la ciudadanía.
Los servicios sociales, aunque aún no hayan adquirido la visibilidad social y política que ya tienen los sanitarios y educativos, consumen una porción cada vez más importante de los presupuestos públicos. De hecho, ocupan, por lo que a gasto se refiere, el primer lugar en las cuentas de las diputaciones forales. Su importancia va, además, en aumento y supondrá una carga cada vez mayor hasta el punto de poder afirmarse que lo que se apruebe en esta ley marcará en buena medida la concepción de la sociedad vasca futura, tanto desde el punto de vista económico, al prefijar las prioridades públicas, como de la ideología social, porque de su contenido surgirá una forma de interpretar los derechos de los ciudadanos en una materia especialmente sensible y costosa. Esta trascendencia hacía obligado que, desde el principio de su gestación, se produjera un entendimiento entre las instituciones concernidas y entre los partidos que conforman el arco parlamentario. Es tal el alcance de esta ley y las implicaciones que conlleva, que necesita un amparo político y social amplio para poder ser implantada y, sobre todo, demostrar su eficacia.
No parecía, pues, el momento oportuno para entorpecer la ya de por sí compleja marcha del procedimiento legislativo por deslices políticos o intereses particulares. Por su trascendencia cualitativa y cuantitativa habría requerido mucho más tacto político del que ha demostrado el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales. Parecido error cometió ya en la tramitación de la Ley del Suelo, sin que la experiencia le haya servido para no tropezar en la misma piedra. Ahora bien, tampoco sería admisible que, escudados en esta circunstancia, instituciones y partidos hagan a su vez un ejercicio de oportunismo electoralista y posterguen sin fecha la negociación de una normativa cuyo alcance e implicación la hacen prioritaria.
