SAN SEBASTIÁN. DV. La presentación del anteproyecto de ley de Servicios Sociales del Gobierno Vasco cogió ayer de sorpresa a las tres diputaciones vascas. El consejero Javier Madrazo adelantó el contenido del texto a los medios de comunicación durante el acto de inauguración de unas jornadas en Bilbao. La norma, que ordenará y regulará todos los servicios sociales de la comunidad autónoma bajo el paraguas de la Ley de Dependencia, pretende ser el «cuarto pilar» del sistema de bienestar junto a las pensiones, la sanidad y la educación, dijo Madrazo, aunque requiere todavía de un consenso institucional, social y político que todavía no se ha alcanzado. En concreto, existen «diferencias de criterios» en varios puntos (el copago, entre otros) con las diputaciones, que son las encargadas de ejecutar la norma.
La Diputación de Gipuzkoa criticó ayer por la tarde la iniciativa de Madrazo al que le acusó de «falta de lealtad» institucional, aunque prefirió quedarse al margen de las desavenencias sobre el contenido del documento. Se sumó así a las palabras de las diputaciones vizcaína y alavesa, que también tuvieron duras palabras contra el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, y al comunicado de prensa emitido por el grupo socialista, que calificó de «impresentable» la presentación del documento.
La secretaria de Políticas Sociales y Sectoriales del PSE-EE, Isabel Celaá denunció que el consejero ha presentado en un «acto electoralista» un anteproyecto de ley «fantasma». «No es serio -dijo la parlamentaria- confundir a la ciudadanía vasca en cuestiones de alto calado social, presentando borradores que tratan de hacer creer que existe ya un proyecto de Gobierno consolidado, lo que está lejos de ser una realidad».
Más gasto social
Al margen de las discrepancias institucionales, el anteproyecto de ley incluye estimaciones económicas que incrementarán el gasto social per cápita en Euskadi desde lo 374 euros contabilizados en 2004 a los 679 euros -media de la Unión Europea- en 2011, y a los 1.258 euros en 2016, lo que situaría a la comunidad autónoma vasca entre los países a la cabeza de la UE.
Madrazo explicó que la «gran novedad» del texto consiste en que «reconoce los derechos sociales subjetivos, que podrán ser exigidos por los ciudadanos, incluso, ante los tribunales». También establece que los titulares de estos derechos son todas las personas empadronadas en los municipios vascos «sin ninguna discriminación».
Sobre la financiación, el anteproyecto determina que los servicios asistenciales sean gratuitos y que el usuario pague, en función de su renta, los servicios complementarios, la mayoría de ellos relacionados con la hostelería. El sistema de financiación, dijo Madrazo, resulta «equitativo, progresista y sostenible».
