SAN SEBASTIÁN. DV. La Diputación foral se mostró ayer preocupada por las «expectativas exageradas» que ha generado la Ley de Dependencia, cuyo primer pilar fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros. La norma se aplicará de forma escalonada hasta 2015 y, de momento, lo que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado es el nuevo sistema de valoración de las discapacidades, que determinará el grado y nivel de dependencia de los ciudadanos y permitirá saber a qué servicios y prestaciones económicas tienen derecho. Quedan todavía por dilucidarse otros dos aspectos fundamentales de la ley: las prestaciones económicas para las familias y el cuidador, así como el copago que le corresponderá al usuario por recibir el servicio.
La diputada para la Política Social, Esther Larrañaga, quiso aclarar ayer en una rueda de prensa las repercusiones que tendrá la nueva norma en Gipuzkoa, donde en la actualidad se contabilizan diez mil personas discapacitadas atendidas «en recurso», esto es, en residencias, centros de días o a través de la atención domiciliaria, a las que habría que sumar aquellas que no reciben ayuda pública y que son atendidas en centros privados (las menos) o en sus hogares.
El primer golpe de efecto se palpará la próxima semana, cuando los ciudadanos puedan someterse a las evaluaciones necesarias para determinar su baremo de dependencia, que establece tres grados (cada uno, a su vez, con dos niveles). Para ello, los interesados deberán acudir a los servicios sociales de base, en los ayuntamientos, y solicitar la revisión de su discapacidad, que deberá ir acompañado de un informe de salud, que rellenarán los médicos de atención primaria en base a un formulario común para todos los territorios. Luego, tendrán que esperar, porque aunque se les declare grandes dependientes todavía no se han aprobado las aportaciones económicas.
La Diputación no espera una avalancha de solicitudes, ya que la mayor parte de los potenciales beneficiarios de la ley se encuentran ya integrados en la red de ayudas forales. Según los datos aportados ayer por Larrañaga, a quien acompañaron los directores de su departamento, José Luis Madrazo y Ramón Jauregi, el 90% de los servicios que se ofrecen en Gipuzkoa están concertados y reciben, por lo tanto, subvención pública para sufragar los gastos derivados de la atención de discapacitados. «El efecto de la ley será muy distinto en cada comunidad -explicó la diputada-. Incluso habrá diferencias entre los tres territorios vascos», ya que, según Larrañaga, las ayudas públicas son menores en Vizcaya.
Los flecos sin dilucidar
Las «prisas» del Ministerio por dar luz verde a la ley han dejado por el camino flecos fundamentales de la normativa. El Real Decreto que establecerá las aportaciones mínimas está todavía pendiente de aprobación, aunque se presume «inminente». El Gobierno quiere cumplir con el plazo marcado en la ley, aprobada en enero, que fijaban un máximo de tres meses para poner en marcha la normativa.
La propuesta que el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó el pasado jueves a los representantes autonómicos en el Consejo Territorial aclaraba sólo un escenario, el de 2007. Durante este año, la ley se hará cargo de los grandes discapacitados, es decir, los que acrediten un nivel 3 con el nuevo baremo. El Ejecutivo socialista abonará un máximo de 250 euros mensuales por cada gran discapacitado, una cantidad que se pagará a las diputaciones y no al bolsillo de los particulares, por lo que el efecto de la ley en la práctica pasará de momento desapercibido, a la espera de que se acuerden las prestaciones económicas, verdadera novedad de la ley.
«Los dependientes que necesitan ayuda ya la están recibiendo», subrayó Larrañaga que recordó que su departamento destinará 150 millones de euros este año para ayudas a discapacitados, mientras que la Ley de Dependencia cifra en 400 millones las aportaciones en 2007 para todo el Estado. «La financiación que proponen es muy escasa», insistió la diputada. El coste de atención a un gran dependiente en Gipuzkoa, explicó, oscila entre los 3.000 y 4.000 euros al mes, por lo que los 250 euros propuestos por el Ministerio no cubrirían ni el 10%, cuando la idea inicial era compartir los costes por partes iguales.
Las aportaciones por cada discapacitado irán disminuyendo a medida que se reduzca también el grado de dependencia. Para la segunda categoría de los grandes discapacitados, el Ejecutivo de Zapatero propone aportar 170 euros al mes. El resto de la escala económica no ha sido adelantada y, pese a las quejas de las comunidades autónomas, la aprobación del Real Decreto sólo compete al Gobierno central. No ocurrirá lo mismo con las prestaciones económicas y el copago, donde los autonomías sí tendrán voz y voto.
A la espera del futuro desarrollo de la ley, la Diputación aplaude el reconocimiento de los derechos de las personas discapacitadas, pero lamenta que el Gobierno haya «vendido humo».
