SAN SEBASTIÁN. DV. Un juzgado de San Sebastián ha condenado a penas que suman cinco años de prisión a un joven vecino de Ermua que fue juzgado por haber colgado los teléfonos de dos compañeras de trabajo en un chat de internet de contenido sexual. El inculpado actuó movido por un ánimo de desquite hacia las víctimas, que no habían secundado una huelga. El inculpado, Marcos G.E., ha sido declarado autor de dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos en concurso con dos faltas de injurias, por cada uno de los cuales le ha sido impuesto una pena dos años y seis meses. Además, el acusado deberá indemnizar a cada una de sus compañeras con 3.000 euros.
La sentencia, dictada por el magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Donostia, considera probado que los hechos tuvieron lugar entre noviembre de 2004 y marzo 2005, con motivo de una huelga que se llevaba a cabo en una empresa de ambulancias de Gipuzkoa que no fue apoyada por las dos mujeres. En un momento determinado, el acusado se hizo con los números de teléfono móvil de las dos compañeras y accedió a una página de internet. El acusado se incorporó a un chat donde se hizo pasar por las víctimas y dio a entender que deseaban mantener relaciones sexuales. En estas conversaciones, el procesado facilitó los números de teléfono de sus compañeras, quienes desde ese momento recibieron diferentes llamadas, entre las que se incluían jadeos obscenos. Según la resolución, el acusado actuó en represalia y para que fueran objeto de mofa por parte del resto de compañeros.
Confidencial
La Fiscalía imputó al acusado dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos en concurso real con dos faltas de vejaciones injustas por los que solicitó cuatro años de cárcel y una multa de 14.400 euros. La acusación particular pidió igualmente cuatro años de prisión.
En la sentencia, el magistrado concluye que, a la vista de las pruebas existentes, ha quedado acreditado que el acusado tuvo acceso a los números de teléfono de sus compañeras y que los introdujo en el chat desde su ordenador personal. «El número de teléfono privado de una persona es algo confidencial que nadie tiene por qué revelar», señala el juez.
La resolución indica que al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes se ha de imponer al acusado la pena de dos años y seis meses por cada uno de los delitos así como una multa de 180 euros por las faltas de injurias. «La extensión de la pena impuesta para la prisión encuentra su fundamento en la propia gravedad de los hechos enjuiciados, que aquí se manifiesta en la revelación de los secretos que tuvo como finalidad la de tomar represalias contra las denunciantes por el ejercicio de un derecho fundamental por su parte como es el de no secundar una huelga», afirma el juez en la sentencia.
El fallo impuesto al acusado todavía no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial.
