SAN SEBASTIÁN. DV. El Ayuntamiento no podrá aprobar en el Pleno de este mes el reglamento del Consejo Asesor del Planeamiento, un órgano exigido por la Ley vasca del Suelo que tendrá un carácter consultivo y deliberante en materia de urbanismo y en el que participarán representantes vecinales y de organizaciones ecologistas. El gobierno municipal ha aprobado una propuesta de consejo con 16 miembros, de los que sólo 6 componentes serían ajenos al propio Ayuntamiento. Los grupos municipales han anunciado que enmendarán este texto.
La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco recoge en sus artículos 109 y 110 la necesidad de que los Ayuntamientos constituyan estos consejos, una figura que tiene entre sus objetivos la «concertación social» de la política urbanística en todo lo que afecte a los planes generales de ordenación urbana (PGOU). A principios de marzo, el grupo municipal de EA criticó que seis meses después de entrar en vigor la nueva ley el Ayuntamiento no hubiese impulsado la preceptiva creación de este consejo. Lo cierto es que sólo tres municipios de todo el País Vasco, entre ellos Zarautz y Errenteria, han constituido este órgano, según fuentes municipales.
El consejo necesita la formulación de un reglamento donde se especifiquen sus funciones, composición y funcionamiento. El pasado viernes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó su propuesta de consejo asesor que, como tiene rango de ordenanza, debe pasar por el trámite de enmienda de los grupos de la corporación.
En la propuesta del gobierno municipal, el consejo podrá analizar cuantos estudios, programas y líneas de actuación se elaboren en el Ayuntamiento «en materia de planeamiento general» y emitirá «informes» de los mismos, o de las alternativas a los mismos que se presenten, que tendrán la consideración de «recomendaciones para los órganos del gobierno» local. Aunque sus observaciones no serán vinculantes, el Ayuntamiento tendrá que dar «respuesta fundamentada» a las propuestas del Consejo Asesor. Sus informes serán preceptivos en la primera formulación, en la revisión total, parcial y en cualquier modificación puntual del PGOU. El nuevo órgano podrá emitir informes de planes urbanísticos que no afecten al PGOU «si así lo solicitan al menos una tercera parte de sus componentes».
Dos vocales vecinales
El consejo estará compuesto por presidente, vicepresidente, vocales y secretario. En la propuesta del gobierno municipal, el presidente será el alcalde, y la vicepresidencia la ostentará el concejal delegado de Urbanismo -ambos previstos por la propia Ley-. La normativa exige la presencia en el consejo del movimiento vecinal y de representantes de colectivos de defensa del medio ambiente. El proyecto normativo propone 14 vocales: un representante por grupo municipal -cinco en esta legislatura-, el director de Urbanismo, un responsable de la oficina de revisión del Plan General, el gerente de la Entidad Pública Municipal de Vivienda, dos representantes de las asociaciones de vecinos inscritas en el registro municipal, un representante de asociaciones ecologistas participantes en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, un representante del Colegio de Arquitectos, un representante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y un representante de la Escuela de Arquitectura. Además, el secretario del Ayuntamiento o un delegado suyo será el secretario del nuevo consejo.
Los miembros del consejo «no tendrán derecho a remuneración», sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple y se podrá constituir comisiones de trabajo para el tratamiento específico de temas puntuales. Una disposición transitoria prevé que los expedientes urbanísticos en curso serán objeto de informe del nuevo consejo antes de su aprobación definitiva.
PP y PNV explicaron que presentarán enmiendas a este texto. El grupo nacionalista confió en que se pueda aprobar el texto en el Pleno de abril. Los populares descartaron esta posibilidad por no haber tiempo material para tramitar las enmiendas. Es previsible que EA y EB también propongan modificaciones.
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