Lunes, 16 de abril de 2007
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¿Y entonces cómo puede ser?
«El Gobierno está para garantizar que se atiendan y satisfagan efectivamente los iguales derechos lingüísticos de los ciudadanos, no para hacernos más felices inculcándonos la lengua que considera natural a nuestra identidad».
Ésta es la pregunta del millón. ¿Cómo ha podido suceder que una política lingüística con serios déficits de legitimación (como creemos haber demostrado) no sólo se aplique sin restricciones entre nosotros sino que incluso merezca la aquiescencia del Tribunal Constitucional? Porque a lo primero puede responderse diciendo que al fin y al cabo estamos gobernados por nacionalistas, pero lo segundo parece más difícil de explicar. Y, sin embargo, es patente que así sucede: el más alto intérprete de la Constitución ha avalado la política asimilacionista que se practica en Euskadi o Cataluña e, incluso, emplea para ello los mismos argumentos que hemos criticado en anteriores artículos. Es decir, afirma el Tribunal Constitucional que el plurilingüismo es una riqueza a conservar, que la igualdad entre las lenguas es un objetivo a perseguir para superar así situaciones de injusticia histórica, por lo que es plenamente legítimo que se exija a los escolares el conocimiento de la lengua propia al término de sus estudios, utilizando para ello drásticos procedimientos de educación monolingüe (sentencias 6/82, 82/86, 195/89, 19/90 y 337/94). ¿Cómo puede suceder esto, se preguntará el lector?

La respuesta no es fácil de digerir, aunque resulta bastante evidente para quien analiza el fenómeno del nacionalismo sin anteojeras interesadas: la razón última está en que la Constitución española de 1978 es una constitución impregnada de nacionalismo cultural en varios aspectos, y señaladamente en el tratamiento del tema lingüístico (art. 3). Sucede que a quienes gozan de una nacionalidad «satisfecha de estatalidad», como es el caso de los españoles, les gusta creer que ellos no son nacionalistas, que su Constitución es un dechado de patriotismo cívico republicano sin mácula de nacionalismo cultural. Pero es una ilusión. Las constituciones españolas, desde la de Cádiz de 1812, han incorporado una concreta concepción histórica y cultural de la nación española, una concepción preexistente al texto constitucional al cual se imponía con toda su carga particularista.

Los historiadores lo saben perfectamente (Portillo Valdés analizó como nadie la «revolución de nación» de 1812), por mucho que últimamente se lleve más la afirmación de que en nuestro pasado constitucional no hay sino liberalismo político del bueno, sin mancha de etnicismo ni historicismo.

Pues bien, la vigente Constitución no escapa a esta tradición y, señaladamente en lo que se refiere al tratamiento del fenómeno lingüístico, es fuertemente nacionalista. Así, su art. 3º declara al castellano como «lengua oficial» y establece las consecuencias de ese adjetivo: el deber de todos los españoles de conocerlo, junto con el derecho de usarlo. La oficialidad arrastra un deber personal de conocimiento y, por mucho que se afirme a veces que éste es un «deber impropio» (piadosa fórmula para disimular lo evidente), ello significa que el Estado se arroga el derecho a exigir que sus ciudadanos hablen (o por lo menos que «sepan hablar») como se considera «natural» que hablen. Si se hubiera tratado simplemente de fijar una lengua para las relaciones gubernamentales, el texto constitucional podría haberse limitado a decir, al regular el funcionamiento de la Administración, en un precepto marginal, que ésta utilizaría el castellano como lengua interna y de relación con los particulares. Pero no lo hizo así, sino que llevó el tema de la lengua al Título Preliminar del texto (su lugar de honor) y lo reguló con toda ampulosidad como un verdadero deber político. Convirtió a aquélla en un símbolo de unidad con el que «marcar» a los ciudadanos: y eso es nacionalismo, nos guste o no reconocerlo.

Sin embargo, ocurrió a renglón seguido una curiosa dualidad: el legislador reconoció con toda generosidad que existían otras lenguas en España y, lo que es más importante, les concedió dentro de su territorio el mismo trato preferente de inspiración nacionalista que había garantizado al castellano en el conjunto. Se estableció así una inusual «coexistencia pacífica» de varios nacionalismos lingüísticos (lo más frecuente es su enfrentamiento), en la que la Constitución vino a decir a las comunidades autónomas: pueden ustedes hacer intervencionismo e imposición con sus lenguas propias siempre que respeten que yo lo haga con la mía: es decir, el castellano seguirá siempre siendo lengua oficial y obligatoria en toda España. Si ustedes aceptan que el legislador español sea nacionalista con su lengua, les permitimos hacer nacionalismo con la suya. ¿Y quién paga la factura de esta componenda? Pues es claro que el ciudadano, tratado como una especie de súbdito/rehén de la lengua o lenguas que le toquen en suerte según el territorio donde habite.

En definitiva, que nuestra Constitución «garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos» (art. 16), pero no desde luego la «libertad cultural y de lengua». Esta última libertad está ausente precisamente porque se parte de la idea de que el poder público posee el derecho de definir autoritariamente la lengua de sus ciudadanos. Y de ahí arrancan nuestros problemas, no de otra parte. La continuación es conocida; el Tribunal Constitucional ha desarrollado este punto de partida con una doctrina que adopta los presupuestos básicos nacionalistas sin dudar y que, por ello, establece que: a) una lengua es oficial si así la declara la autoridad territorial correspondiente, «independientemente de su realidad y peso como fenómeno social»; b) la declaración de oficialidad conlleva que los poderes territoriales puedan adoptar las medidas correspondientes para garantizar su conocimiento efectivo por los ciudadanos, les guste o no; c) se trata con ello de «corregir situaciones de desequilibrio heredados históricamente», para lograr «la plena igualdad de las lenguas»; d) el idioma de la enseñanza lo determinan los poderes públicos, no los ciudadanos, pues «el derecho a la libertad de enseñanza carece de contenido lingüístico»; e) el único límite a los poderes territoriales es el de respetar que el castellano es también lengua oficial y por ello puede ser usada válidamente en todo el ámbito del Estado.

Este mismo nacionalismo es el que asoma también en tantos y tantos de nuestros compatriotas cuando critican los excesos de la política lingüística vasca o catalana diciendo indignados que «van a conseguir que el castellano desaparezca en Cataluña o Vasconia». Porque el argumento (además de ridículo), no defiende tanto la libertad del ciudadano, como la lengua que se considera «natural». Defienden el castellano porque lo consideran seña de identidad, porque ven en él un valor nacional, lo mismo que hacen los nacionalistas vascos con el vascuence. Y no es así, el castellano no vale más que ninguna otra lengua, ni siquiera es un valor en sí. Es una herramienta de comunicación intercambiable con cualquier otra. Lo único que vale es el derecho de los hablantes a su libertad y autonomía personal. Unos hablantes que, a la larga y en ausencia de constricciones exógenas, siempre elegirán como segunda lengua el instrumento que les garantice un mayor potencial comunicativo, nunca el que les proporcione uno menor al que ya poseen. Tomar conciencia de que el origen de las políticas intervencionistas y asimilacionistas que hoy padecemos se encuentra en nuestra propia Constitución nos ayuda a ver el camino que debería seguirse para superarlas o, por lo menos, para crear la conciencia crítica necesaria para empezar a andarlo. El camino pasa inexcusablemente por una nueva definición del concepto de autonomía cultural como un derecho propio del ciudadano, un derecho del que no puede disponer nunca el poder constituido para realizar políticas culturales supuestamente «perfeccionistas».

El Gobierno está para garantizar que se atiendan y satisfagan efectivamente los iguales derechos lingüísticos de los ciudadanos, no para hacernos más felices inculcándonos la lengua que considera natural a nuestra identidad. Ni para practicar una especie de «conservacionismo cultural» a costa de nuestras bocas. Y para lograrlo hay que empezar por reformular la Constitución española, la madre de este concreto vicio.

 
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