Los brutales atentados perpetrados ayer en Argel, otro día 11 y apenas 24 horas después de la operación policial desarrollada en Marruecos contra el terrorismo islamista, confirman los peores pronósticos sobre la recuperada fortaleza de Al-Qaida y su determinación de asentarse en el Magreb. La violencia yihadista ha vuelto a sembrar el pánico en la capital argelina, acreditando que cuando el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, que se ha atribuido la autoría de la tragedia, rindió vasallaje en enero a la organización de Osama Bin Laden estaba protagonizando un giro estratégico. Esa alianza alteró los parámetros en que se desarrollaba el combate del terrorismo islamista en Argelia, al ampliarlo más allá de su específico contexto nacional e integrarlo en la nebulosa transfronteriza de la red terrorista.
El caso argelino constituye un ejemplo peculiar. La interrupción por parte del Ejército del proceso electoral de 1992, que iba a proporcionar el triunfo al islamismo legal del Frente Islámico de Salvación, desembocó en una terrible confrontación interna que se saldó con casi 200.000 muertos. Tras ella, el poder establecido consiguió aplacar el terrorismo pero no arrancar su raíz. La legislación posterior sobre concordia nacional y la aplicación de amnistías confirió una matizada normalidad al país magrebí, que se vio favorecida por el auge económico derivado de los altos precios del petróleo y del gas. Todo ello hizo cundir la impresión apresurada de que se había superado un pasado reciente tan dramático.
Ahora, el Grupo Salafista ya no representa únicamente a los herederos más fanáticos del GIA, la rama militar del islamismo, sino que actúa como la franquicia regional de Al-Qaida, con un mandato claro de reclutar aliados y actuar en los países limítrofes como Mauritania, Túnez y Mali, además de Marruecos. Un salto de inquietante envergadura que resulta intolerable para el Gobierno de Buteflika, al tiempo que fuerza a los estados occidentales a reforzar su cooperación frente al proselitismo de Ben Laden en el norte de África e intensificar el control de sus porosas fronteras. El Ejecutivo argelino, como el resto de los gobiernos árabes, ha adquirido una responsabilidad esencial en la contención de un extremismo violento que se nutre en buena medida de las insuficiencias democráticas de los países de mayoría musulmana aliados de Occidente, regímenes 'apóstatas' a sus ojos a los que ha lanzado un peligroso pulso. La cercanía del Magreb aproxima la amenaza del terror a Europa y, singularmente, a España, que ya sufrió la vinculación de algunos implicados del 11-M con el radicalismo argelino. Las autoridades españolas deben hacer efectiva su colaboración con el país magrebí y perfeccionar los dispositivos policiales destinados a prevenir el arraigo de islamistas violentos en Ceuta y Melilla.
