La concreción realizada ayer por el Gobierno de las primeras ayudas económicas individualizadas que se concederán en aplicación de la Ley de Dependencia coincidió con el Día Mundial del Parkinson, una patología que padecen 100.000 españoles. La jornada hizo visibles las necesidades del colectivo y puso de manifiesto cómo la enfermedad se diagnostica cada vez a edades más tempranas, hasta el punto de que el 20% de los afectados son menores de 40 años. Las nuevas exigencias sociales y sanitarias derivadas del continuado envejecimiento de la población y del impacto de las dolencias que, como el Parkinson, pueden incapacitar a quienes las sufren reflejan la importancia que tiene el desarrollo ágil y eficaz de la legislación sobre Dependencia. Las fuertes expectativas generadas en las familias que tiene a su cargo a personas dependientes obligan a la Administración a acelerar todo lo posible los procedimientos; de ahí que el anuncio sobre las cantidades que percibirán esos cuidadores -487 euros netos al mes- debería propulsar la materialización de la ley.
Es cierto que las prestaciones constituyen un motivo de reconocimiento y satisfacción para quienes hasta ahora no recibían ninguna ayuda por una labor que resulta fundamental en la calidad de vida de quienes no pueden desarrollarla en plenitud. Sin embargo, y una vez reconocido legalmente ese compromiso, la Administración debe asumir que esos ciudadanos no sólo están desempeñando una tarea sanitaria que es preciso compensar. Ha de incentivar y mejorar, además, la profesionalización de los programas asistenciales para romper con la inercia que lleva a delegar esa tarea ímproba en los familiares, sometidos muchas veces a privaciones profesionales, económicas, sociales y afectivas muy difíciles de sobrellevar.
