SAN SEBASTIÁN. DV. Los cuidadores familiares de las personas dependientes podrán recibir hasta 487 euros mensuales netos en concepto de prestación. El reglamento de la nueva Ley de Dependencia, calificada como la cuarta pata del Estado de Bienestar, comienza a tomar forma con la tramitación de esta partida, que el Gobierno propondrá la próxima semana a las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial. Este es el órgano donde se fija la letra pequeña de la norma, un foro en el que las diputaciones vascas estarán representadas si se cumple lo previsto, ya que son los gobiernos forales quienes se ocupan de las personas con discapacidad en Euskadi (50.000 de carácter físico y 20.000 psíquicos). Así, las instituciones forales tendrán voz, pero no voto, ya que el País Vasco tendrá sólo uno, al igual que el resto de las comunidades.
En la reunión del Consejo Territorial se debatirá la suma propuesta por el ministro de Trabajo, Jesús Calera, una cifra variable - 487 euros será el máximo- ya que dependerá del grado de discapacidad de cada enfermo, pero que, a pesar de todo, se acerca a otras prestaciones sociales públicas como la pensión mínima de jubilación o viudedad (493 euros).
A los 487 euros de tope habría que añadir el coste de la cotización a la seguridad social y de las acciones de formación (74 euros), que corren a cargo de las arcas del Estado. Por lo tanto, la partida correspondiente a cada cuidador podría ascender a un máximo de 561 euros, que pagaría tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas, tal y como establece el texto de la ley, aprobada por una amplia mayoría en las Cortes.
Además de la prestación, al tener que darse de alta en la Seguridad Social, los cuidadores tendrán derecho a recibir la pensión correspondiente. «Que un cuidador que atiende a un familiar reciba 561 euros al mes entre el salario y la aportación a la Seguridad Social es sin duda un avance notable, porque hoy no recibe nada», señaló Caldera.
El ministro anunció también ayer, durante una visita a un centro para la tercera edad de Moratalaz (Madrid), que las Administraciones Públicas destinarán este año 1.014 euros mensuales por cada beneficiario con el grado de máxima dependencia. El titular de Trabajo reiteró en numerosas ocasiones que los 1.014 euros mensuales nuevos son una media aplicada en función del número total de grandes dependientes que se prevé atender en 2007 y no una cantidad monetaria que recibirá cada gran dependiente. En definitiva, se trata de la inversión en prestaciones sociales para la atención de grandes dependientes durante este año.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha creado un fondo extraordinario de inversión de 100 millones de euros para la construcción de centros de día y residencias.
En su comparecencia, el ministro recordó que tanto el Gobierno como las CCAA tienen de plazo hasta mayo, según marca la ley, para definir el desarrollo de estas partidas (baremo, intensidad de servicios y prestaciones, régimen de la seguridad social...).
Hasta el momento, ya se ha acordado el baremo de evaluación del grado de dependencia de los enfermos, y en las próximas semanas los ciudadanos podrán solicitar una evaluación de su minusvalía por parte de los servicios sociales, un paso previo para que los casos más graves perciban este mismo año las prestaciones contempladas en la norma.
Dudas en Euskadi
Si embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica, y aún hay cuestiones sin resolver. A finales de marzo, el viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Fernando Consuegra, ya expresó su preocupación sobre dos cuestiones de la Ley que están sin resolver: el decreto de prestaciones y el que regulará el copago, dos documentos que deberían estar listos para finales de mes.
Consuegra explicó que, en teoría, ya es posible evaluar la discapacidad de las personas dependientes, pues el Consejo Interterritorial aprobó el 23 de marzo un baremo de cero a cien puntos que abarca tanto a los discapacitados físicos como a los enfermos psíquicos. Sin embargo, destacó que, sin conocer las prestaciones y el copago, los ciudadanos afectados no pueden hacerse una idea de qué les va a aportar exactamente el Sistema Nacional de la Dependencia.
Por otra parte, el Consejo Interterritorial tampoco ha convalidado el sistema pactado por las diputaciones vascas para valorar las minusvalías en Euskadi. Ese sistema no sólo mide la discapacidad de un individuo, sino que la relaciona con una enfermedad cuando sea el caso. El motivo es que muchos discapacitados necesitan que alguien les ayude para moverse, pero igualmente precisan de atención médica. El Gobierno Vasco asegura que el Ministerio de Trabajo ha mostrado hasta ahora una buena disposición para aceptar el procedimiento escogido en el País Vasco, de modo que este asunto podría quedar resuelto «en mayo o junio».
