MADRID. Igor González Sola, integrante confeso del comando Donosti de ETA, amenazó en la Audiencia Nacional con la continuidad de «la lucha armada mientras no se reconozca la soberanía de Euskal Herria como nación». González Sola materializó así la disquisición teórica sobre la vigencia de la violencia expuesta en la entrevista con dos supuestos militantes de la organización terrorista publicada este pasado domingo. El Gobierno no valoró estas palabras, pero consideró factible un rebrote a corto plazo de los atentados.
El juicio en la Audiencia Nacional a cinco presuntos miembros del comando Donosti desarticulado el 25 de marzo de 2005 tuvo su momento de máxima tensión con las amenazas proferidas por el presunto terrorista. Antes de lanzar sus advertencias, González Sola se declaró miembro de ETA y dijo no reconocer la legitimidad del tribunal por ser «español y fascista». Otros dos miembros del mismo grupo, Iker Olabarrieta y Karmelo Lauzirika, también admitieron ser integrantes de la organización terrorista, pero otros dos, Marta Igarriz y Jon Koldobika Garmendia, negaron su pertenencia a ETA.
Los tres primeros se enfrentan a una petición de 29 años de cárcel formulada por la Fiscalía por los delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, depósito y tenencia de armas, así como de falsificación de documentos. Para los dos segundos, la acusación pública solicita 26 años de cárcel por los mismos delitos excepto falsificación. Este comando Donosti fue desarticulado en 2005 antes de cometer atentado alguno y había entrado en España procedente de Francia un mes antes. Uno de sus componentes, Karmelo Lauzirika, había colocado cuatro de los ocho pequeñas bombas que ETA hizo estallar en el puente de la Constitución de 2004; en concreto, las detonadas en Ávila, León, Valladolid y en la localidad cántabra de Santillana del Mar.
Las amenazas de González Sola no interrumpieron el proceso abierto ayer y que continuará en los próximos días. El Gobierno no entró a valorar su actuación, pero admitió que esa actitud abona el pesimismo reinante sobre la posible reanudación de los atentados. Un estado de ánimo que se acrecentó en las filas gubernamentales y del PSOE tras conocer las declaraciones de los nuevos miembros del Donosti detenidos en la última semana de marzo, y que confirmaron las sospechas de una próxima vuelta a los actos violentos.
Sin cambios
Fuentes gubernamentales admitieron esta desesperanza, realismo en palabras de algunos dirigentes socialistas, aunque aseguraron que el Ejecutivo no va a modificar un ápice su estrategia de exigir el cumplimiento de la Ley de partidos a Batasuna para presentarse a las elecciones del 27-M. La amenaza de que si esa presencia no se plasma sería tomada «muy en cuenta» por ETA, de acuerdo a la última entrevista con los dos presuntos terroristas, no va a hacer mella en los planes gubernamentales. Las fuentes consultadas indicaron que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, una vez impugnada la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna, van a mirar con lupa las listas de las agrupaciones de electores que promueve el partido ilegalizado. Y si el precio por cumplir la ley es el retorno de la violencia, el Gobierno no va a ceder, aseguraron en medios del Ejecutivo.
Fuentes de la lucha antiterrorista apuntaron, incluso, que uno de los escenarios con los que se trabaja es la irrupción del algún comando itinerante en las competiciones náuticas de la Copa América en Valencia. Una prueba de vela que tiene una gran repercusión mediática en países como EE UU, Reino Unido, Italia, Australia y Francia, aunque en España sea un torneo poco conocido, y que se celebra desde el 16 de abril al 7 de julio, si bien en estos días hay regatas preparatorias. Estas fuentes recordaron que en una operación antiterrorista de enero pasado en Barcelona se halló en poder de uno de los detenidos planos del puerto valenciano.
El Gobierno cree que la exigencia de ETA sobre la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones municipales fue en un primer momento un objetivo estructural para los terroristas en el proceso de paz. Pero ahora, comprobada la nula voluntad gubernamental de soslayar la Ley de Partidos, no es más que una excusa para justificar un retorno a la violencia una vez que ha comprobado que sus planteamientos de territorialidad y autodeterminación no han encontrado eco en el proceso abierto con el alto el fuego del 22 de marzo del año pasado. COLPISA
