KIEV. DV. El presidente ucraniano, Víctor Yúshenko, que disolvió la Rada (Parlamento) el pasado día 2, está demostrando mayor firmeza y seguridad en sí mismo que sus contrincantes políticos. Pero ayer los diputados contraatacaron con la aprobación de varias declaraciones: una advirtiendo sobre el peligro de «conflicto civil», otra solicitando la presencia de observadores internacionales y una tercera acusando a Yúshenko de ejercer presión sobre los jueces del Tribunal Constitucional.
El secretariado de la Presidencia, por su parte, no descarta que las elecciones legislativas, convocadas inicialmente para el próximo 27 de mayo, puedan aplazarse a fin de que el alto tribunal tenga más tiempo para pronunciarse en relación con la decisión de Yúshenko de disolver la Rada. Los naranjas, seguidores del presidente y de Julia Timoshenko, quienes los últimos días se habían abstenido de organizar manifestaciones para evitar posibles enfrentamientos con los partidarios del primer ministro, Víctor Yanukóvich, han convocado para mañana una gran concentración en el centro de Kiev.
«Nos dirigimos a cada uno de vosotros muy alarmados porque sobre Ucrania pende el peligro de conflicto civil y la posible pérdida de su soberanía», son las palabras con las que comienza el texto del mensaje aprobado por 257 diputados. Los legisladores señalan que el país se encuentra en tal situación debido «al intento de golpe de Estado» protagonizado por Yúshenko. El domingo, el presidente garantizó que no hay amenaza alguna de confrontación civil porque el Ejército y las Fuerzas de Seguridad le obedecen a él.
La Rada votó también por mayoría a favor de otra declaración, en la que se pide a los principales organismos internacionales, a la Unión Europea, EE UU y Rusia que envíen observadores a Ucrania, en donde, según el documento, «la actual crisis política pone en peligro la soberanía del país, su integridad territorial y la seguridad de toda la zona». Los diputados adoptaron también una resolución acusando a Yúshenko de «ejercer presiones sobre el Tribunal Constitucional» con el objetivo de que aplace lo más posible el examen de la constitucionalidad del decreto presidencial que disuelve la Rada.
Obligado cumplimiento
Yúshenko considera que su decreto es de obligado cumplimiento y que, independientemente de que los jueces hayan o no fallado antes de la fecha, éstas deberán llevarse a cabo. Después una posible decisión desfavorable a Yúshenko influiría sólo sobre su futuro político, ya que los resultados de unos comicios no se pueden anular.
Víctor Baloga, secretario de la Presidencia, afirmó que «habrá elecciones anticipadas, pero, tal vez, no el 27 de mayo, sino un poco más tarde». Se trataría des esta forma de prestar mas tiempo al Tribunal Constitucional para que emita su fallo. Dmitri Miroshnichenko, unos de los dirigentes del movimiento liberal Porá, que apoyó en 2004 la revolución naranja, declaró ayer a este periódico que «como mínimo, un tercio de los jueces del TC apoyan al presidente y eso es suficiente para bloquear cualquier decisión».
