LA segunda parte del Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, promovido por Naciones Unidas, endurece las alarmantes conclusiones avanzadas en febrero al vaticinar que las alteraciones en el medio ambiente inducidas en gran medida por el hombre ponen el peligro la supervivencia del 30% de las especies. Las advertencias concretadas por un centenar de expertos han dado lugar, de nuevo, a interpretaciones dispares sobre el verdadero alcance de la amenaza. El hecho de que los peores augurios de los especialistas se proyecten a largo plazo, lo que complica su verificación y relativiza su impacto inmediato en la conciencia de gobiernos y ciudadanos, no debe llevar en ningún caso a inhibirse ante los resultados del análisis. Es sintomático que el Consejo de Seguridad de la ONU se vaya a ocupar dentro de nueve días de los efectos del progresivo calentamiento global como una sombra amenazadora para la paz y la seguridad internacional.
Los recelos que han suscitado las conclusiones del informe evidencian las dificultades existentes para efectuar un diagnóstico compartido y, sobre todo, para empezar a aplicar estrategias coordinadas que rebasen las fronteras de cada estado. La incidencia mundial del deterioro del medio ambiente hace que sus consecuencias repercutan también en los países desarrollados, aquellos que más apelados deben sentirse después de haber fomentado una industrialización muy contaminante y la explotación masiva de recursos. Pero que la amenaza sea colectiva no significa que sus efectos adquieran la misma envergadura. Si se cumplen la previsiones más pesimistas, el cambio climático intensificará las hambrunas, la sequía y las infecciones en las áreas más depauperadas, lo que no hará más que agravar las desigualdades.
El informe certifica la vulnerabilidad de Europa y también de España, que, según los expertos, percibirá significativamente los cambios medioambientales a partir de 2020. La pretensión del Gobierno español de convertirse en un referente europeo en este terreno le obliga a definir con claridad su estrategia. El documento de la ONU demuestra que ya no basta con las campañas de divulgación ni con la reducción de las emisiones contaminantes, porque hay consecuencias, como la subida del nivel de los océanos, que se han transformado en irremediables. Por ello, los estados deben promover acciones concertadas que incluyan obligaciones comunes como la disciplina en el consumo, la restricción en el uso de recursos naturales o limitaciones en hábitos cotidianos. Y es su responsabilidad persuadir a sus ciudadanos de los beneficios futuros de unas medidas que son impopulares.
