SAN SEBASTIÁN. DV. En las últimas semanas las disputas políticas han colapsado el debate del Impuesto de Sociedades, pero lo cierto es que, a estas alturas, con la reforma aprobada en Vizcaya y Álava, las empresas guipuzcoanas pagarían 81 millones de euros más de los que les correspondería si el proyecto hubiera salido adelante en Gipuzkoa. Es el dinero que las empresas se ahorrarían tras rebajar los tipos impositivos al 28% y al 24%. El mismo dinero que la Hacienda guipuzcoana iba a dejar de recaudar.
El Impuesto de Sociedades grava los beneficios de las empresas y son ellas las grandes perjudicadas de una batalla política que ha acabado con la decisión del PNV de retirar el proyecto en Gipuzkoa ante la falta de apoyo para su aprobación. El PNV contaba con los votos del PP, pero no con los de EA, su socio de gobierno en la Diputación foral. Seis días después de que el diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, decidiera retirar el proyecto, las dudas ensombrecen su futura aprobación. Hay varias salidas pero ninguna parece clara.
En total hay 16.000 empresas en Gipuzkoa pendientes de la reforma del Impuesto de Sociedades. Lo preocupante es que esperan a una reforma que debería haber sido aprobada en 2006. Es cierto que la norma puede aprobarse este año y activarse desde el 1 de enero de 2007 con carácter retroactivo, pero no es menos cierto que esta situación crea una gran inseguridad entre las empresas, que no saben a qué atenerse, ni cómo distribuir sus inversiones y las posibles deducciones que reciban a cambio. Y en medio de este escenario, la batalla política.
Malestar
Fuentes del departamento de Fiscalidad de la Diputación de Gipuzkoa reconocen su enorme malestar por la situación en la que se han quedado las empresas guipuzcoanas con respecto a las vizcaínas y alavesas, que tributarán este año al 28% y al 24% tras aprobarse la reforma. Pero el proyecto no se centra sólo en los tipos impositivos, sino que incluye un buen paquete de deducciones a la innovación, medio ambiente... e incluso, por primera vez, a la sucesión en la empresa familiar. Deducciones a las que las empresas guipuzcoanas no saben, a 1 de abril, si podrán acogerse.
Gonzalez de Txabarri reconoció que la Diputación retiró el proyecto de reforma porque no contaba con la garantía del apoyo de EA. No obstante, señaló que se había realizado «un ingente y sostenido esfuerzo de concertación» con la formación de Begoña Errazti a lo largo de toda la semana pasada. El diálogo «encalló» en la aceptación del 28% «básicamente porque esta negociación se ha llevado a cabo en el seno de las direcciones de los partidos políticos. Si este debate se hubiese producido en el seno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, sin mayores injerencias, hubiese habido acuerdo», añadió. La frase de Txabarri, compartida por Iñaki Galdos, de EA, confirma las ingerencias políticas que ha tenido el debate del Impuesto de Sociedades.
En realidad, las negociaciones entre PNV y EA se mantuvieron hasta el mismo lunes pasado. EA pedía más tiempo para negociar. El plazo máximo concluía este viernes, con la celebración del último Pleno y la votación final del impuesto. Pero el PNV no se quería arriesgar. «No lo podíamos hacer», señalan desde la Diputación. «EA podía cambiar el sentido de su voto y rechazar el proyecto con las demás fuerzas», añaden las mismas fuentes. El PNV estaba dispuesto a aceptar muchas de las enmiendas de EA a la reforma, pero como ya dijo Txabarri, el proyecto «encalló» en el 28%.
Acusaciones mutuas
En esta disputa política llena de acusaciones mutuas, el PNV ha acusado de deslealtad a EA por no apoyar una reforma acordada en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), integrada por las tres diputaciones y el Gobierno Vasco. Basícamente, el PNV le ha recriminado a EA que si apoya la reforma en la OCT como miembro del Gobierno Vasco, no puede desmarcarse luego y respaldar otro tipo impositivo. EA, en cambio, recuerda que las decisiones de la OCT se han matizado o cambiado posteriormente en las propias diputaciones. «Y nunca ha pasado nada hasta ahora», apuntan.
Lo cierto es que el Consejo de Diputados de Gipuzkoa decidió retirar el proyecto con los votos en contra de EA. Gonzalez de Txabarri explicó que su no aprobación hubiese producido un «desconcierto y que el tipo impositivo fuese distinto» que en Álava y Vizcaya. Además, hubiera obligado a «activar mecanismos institucionales de coordinación en detrimento de la autonomía foral fiscal» de Gipuzkoa. De esa manera, se hubiera alterado «de forma relevante la posición mayoritaria de las Juntas Generales de Álava y Vizcaya, mediatizándolas en una decisión que es de su absoluta competencia», y que también hubiera supuesto «desautorizar» a la posición del Gobierno Vasco.
Tras la retirada del proyecto las empresas esperan inquietas a las posibles negociaciones que lleven a cabo los partidos políticos tras el telón. El Gobierno Vasco aún no ha aclarado qué papel va a jugar o si va a impulsar en la Cámara vasca la Ley de Armonización Fiscal que evite las diferencias entre los tres territorios. Así que la pelota sigue en el tejado de la Diputación de Gipuzkoa.
Gonzalez de Txabarri baraja la opción del decreto foral como una de las vías para sacar adelante la reforma. Su aprobación necesitaría de mayoría en la votación de la Comisión Permanente de las JJ GG. Es decir, volvería a necesitar del apoyo de EA. Otra opción sería esperar a que las nuevas Juntas Generales, creadas tras las elecciones de mayo, aprueben la reforma. Como última salida entraría en juego la Ley de Armonización Fiscal, aunque ésa parece ser una opción que pocos desean. Negociaciones al margen, lo preocupante es que los meses va pasando y los empresarios siguien sin saber a qué atenerse.
