SAN SEBASTIÁN. DV. La Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denunció ayer que Bidegi, la empresa pública foral encargada de la explotación de la autopista A-8 «ha podido cobrar cinco millones de euros de más en los peajes al aplicar al alza un redondeo de las tarifas no autorizado».
Según explica la AEA, la norma foral que regula el canon de utilización de las infraestructuras viarias estima que el aumento tarifario del peaje se establece cada año por el Consejo de Diputados. En caso de que no se actualice la cuantía del canon, la normativa aclara que éste se actualizará automáticamente cada año, procediento a una subida del 95% del IPC.
La denuncia de AEA se basa precisamente en este punto. Asegura que sus servicios jurídicos han podido comprobar que en los años 2005, 2006 y 2007 «se ha hecho uso de la actualización automática», pero en lugar de aplicar la subida prevista, «el incremento ha superado en más del doble el límite previsto». El informe precisa que en 2005 la variación interanual del IPC fue del 3,2%, con lo que de haberse aplicado la subida legalmente prevista, el incremento del canon hubiera sido del 3,04%. Sin embargo, «la subida real media que al final se aplicó a los usuarios de la A-8 en Gipuzkoa fue del 5,19%». Idénticas situaciones denuncia en los años siguientes.
Según los cálculos de AEA, la aplicación de estas tarifas «podría haber supuesto unos ingresos extraordinarios de cerca de cinco millones de euros durante el 2005 y 2006», por lo que reclama a Bidegi «la inmediata corrección de las cuantías del peaje».
«Es totalmente falso»
La Diputación de Gipuzkoa y la empresa Bidegi negaron rotundamente la información de AEA y aseguraron que «es absolutamente falso que se haya realizado ninguna práctica ilegal en la aplicación de los cánones de las autopistas guipuzcoanas». La institución foral asegura que puede justificar que las tarifas de los últimos años se han aprobado mediante decreto foral, por lo que no se ha recurrido a la actualización automática.
«La asociación basa todo su escrito difamatorio en una malintencionada tergiversación del contenido del artículo quinto y especialmente de la claúsula supletoria», dice la Diputación, que ha puesto el caso en manos de sus servicios jurídicos para emprender acciones legales por difamación y falsedad. «Las conclusiones de la AEA son falsas y tendenciosas».
