El pronunciamiento de la Asamblea Nacional del PNV y las convocatorias realizadas para la celebración de manifestaciones, concentraciones y recogidas de firmas en contra de la comparecencia de Ibarretxe ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, constituye una reacción imprudente ante una decisión de la Justicia que sólo comporta en el procedimiento abierto una citación del lehendakari en calidad de imputado, que no prejuzga por ese motivo ningún tipo de juicio sobre su actuación a la hora de mantener una reunión con el portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi. La reacción del partido jeltzale no se produce por lo tanto ante una resolución judicial firme sino ante una iniciativa procesal, y el carácter de esta reacción va más allá de lo que puede representar una legítima crítica política a una decisión judicial, para convertirse en una descalificación inapropiada hacia una institución democrática judicial. Dado el contexto procesal en el que se enmarca la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal vasco de citar al lehendakari como imputado, y a tenor de las tesis explicitadas por el fiscal del TSJPV y el propio Tribunal Supremo en relación a esta cuestión, refrendadas también ayer por el propio fiscal general del Estado, hubiera sido aconsejable una mayor prudencia por parte del PNV para evitar una innecesaria erosión de la responsabilidad institucional que corresponde desempeñar a los jueces.
El lehendakari, de la misma manera que cualquier otro ciudadano o representante político democrático, está sometido a la ley y a las decisiones de quienes tienen la potestad y la competencia para su interpretación y aplicación. Y al igual que a cualquier otro ciudadano, le ampara el derecho a defenderse a través de los cauces que la ley contempla y que el propio tribunal plantea en su resolución. En ese sentido, no resulta apropiado que, quien mayor predisposición debiera acreditar para dar ejemplo en razón de su responsabilidad institucional, contribuya a favorecer una confrontación con un poder democrático legítimo, con el riesgo añadido de que esta actitud pueda suponer una presión añadida para los jueces en un contexto caracterizado por los feroces ataques que el poder judicial recibe por parte de quienes más interés demuestran por pretender deslegitimarlo.
El Consejo General del Poder Judicial instó ayer al Gobierno Vasco a que deje de «descalificar» las actuaciones de los miembros de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Una postura institucional lógica por parte del órgano de gobierno de los jueces, porque en democracia el respeto a las reglas y a las competencias de los diferentes poderes constituye la única manera de salvaguardar el sistema democrático de la arbitrariedad o de los intereses de cualquier ciudadano, más allá del grado de representación popular que pueda ostentar.
