El último informe sobre España elaborado por la OCDE incide en la preocupación que suscita el desorbitado crecimiento del sector de la construcción como motor del despegue económico y los riesgos que conlleva un modelo que ha desbocado hasta tal punto los precios de la vivienda que los hace inasequibles para el 25% de la población. La organización que agrupa a los países más ricos del mundo constata que la cuantía real de los pisos está sobrevalorada en un 30% y alerta de los peligros que pueden cernirse sobre un progreso económico desequilibrado si la subida de los tipos de interés, la reducción de la demanda y un descenso en el importe de los inmuebles desaceleraran la actividad constructora de forma significativa. El estudio plantea a la Administración española dos recomendaciones: la supresión paulatina de las ayudas fiscales a la compra de la residencia habitual y el fomento del alquiler para estabilizar el mercado. Resulta obligado reconsiderar si el estímulo fiscal ha servido para paliar el problema o ha terminado por generar otros, contribuyendo a la multiplicación de hipotecas difíciles de afrontar con un salario medio. La revisión de las ayudas constituye una decisión inaplazable, pero que debe encararse sin incurrir en las precipitaciones que suelen lastrar la política de Vivienda. Respecto a los alquileres, deben favorecerse con la adopción de ventajas fiscales para el arrendamiento, una mayor seguridad jurídica en las relaciones entre propietarios e inquilinos y, lo más complejo, un cambio en la mentalidad tan arraigada que vincula la solidez del proyecto de vida a la adquisición de un domicilio.
