La ronda de conversaciones que tanto el presidente Rodríguez Zapatero como el ministro Pérez Rubalcaba iniciaron con el declarado propósito de establecer un nuevo consenso frente al terrorismo no parece atenuar las diferencias existentes entre los dos grandes partidos, al tiempo que evidencia la distancia que separa al nacionalismo gobernante de las posiciones del Ejecutivo socialista. La revalidación del Pacto anti-terrorista y la suma de nuevas firmas aparecen como propósitos contrapuestos. La disposición al acuerdo tiende a convertirse en una actitud fingida o en la escenificación de una farsa que los partidos representan desde posiciones que no han sido formuladas con el fin de contrastarlas en busca de una estrategia común sino para dirimirse en la liza electoral.
Es probable que el presidente Rodríguez Zapatero persiga tres objetivos en lo inmediato: evitar que se dé un enconamiento de las posiciones más extremistas en el seno de ETA, asegurarse una mayoría parlamentaria suficiente para agotar la legislatura y mantener al Partido Popular a la suficiente distancia como para hacer caso omiso a sus requerimientos. Frente a ello, el discurso de Mariano Rajoy parece orientado más a la presentación de las medidas que él aplicaría en caso de llegar a la Moncloa que a la propuesta de alternativas ideadas para recuperar el consenso anti-terrorista. Las cinco proposiciones no de ley anunciadas por el Partido Popular apuntan en esa dirección. Por su parte, la exigencia jeltzale de que se modifique la política penitenciaria y se derogue la ley de partidos, junto al protagonismo que el lehendakari Ibarretxe reivindica, parecen querer puntualizar la actitud responsable que ha venido manteniendo Josu Jon Imaz.
En este contexto, la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes de Segi plantea una situación que los responsables políticos no pueden eludir. El Estado de Derecho está en condiciones de responder al desafío terrorista mediante la aplicación de la legislación vigente, la actuación de jueces y tribunales y la acción policial en prevención del delito y en persecución de los activistas del terror. Pero esa respuesta nunca será suficiente ni lo eficaz que debiera si no se ve acompañada por una estrategia política unitaria. Sería irresponsable e incongruente que, agazapadas tras el desacuerdo, las formaciones políticas acabasen adoptando una actitud expectante, sea entusiasta o recelosa, respecto a la actuación del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. La confrontación entre PSOE y PP está lastrando la capacidad de los poderes públicos para enfrentarse a ETA en lo que queda de legislatura. Lo inquietante es que podría hipotecar también el desarrollo de la legislatura próxima.
