La Fundación BBVA ha hecho público un estudio sobre los efectos socioeconómicos que se derivan del incremento en el número de personas dependientes y su vinculación con el progresivo envejecimiento de la sociedad. El informe efectúa una extrapolación de aquí a 2010 y cuantifica en 3,5 millones los ciudadanos que sufrirán algún tipo de incapacidad, lo que supondrá casi una décima parte del total de la población española y elevará a 10.500 euros anuales el gasto que deberán afrontar los mayores de 65 años hasta su fallecimiento. Las previsiones de la entidad sobre la cifra de personas que verán limitadas sus capacidades físicas e intelectuales duplican las contempladas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la hora de elaborar la Ley de Dependencia que acaba de entrar en vigor.
La complejidad de la nueva realidad que configura una sociedad envejecida debe forzar a los poderes públicos a delimitar con claridad los problemas y las iniciativas para intentar corregirlos.
La ley recién aprobada ha de fijar con nitidez la frontera en la que la dependencia compete a los servicios sociales y cuándo debe ser asumida por el sistema sanitario, porque si bien el segundo presta una atención con carácter universal no ocurre lo mismo con los primeros, más limitados y sometidos a condicionantes sociales y económicos; y, junto a ello, es preciso que defina el espacio sociosanitario compartido. El hecho de que la Administración concierte una parte sustancial de esa asistencia con entidades privadas no debe mermar ni la calidad de la atención que se presta ni relajar la vigilancia destinada a evitar abusos o desmanes.
