MADRID. El Tribunal Supremo dio ayer su bendición a la doctrina Garzón, teoría jurídica que permitió a la Audiencia Nacional poner fuera de la ley desde 1998 a todas las organizaciones, estructuras y medios de comunicación que supuestamente conformaban el entorno político y social de ETA, y que presuntamente actuaban bajo las órdenes de la organización terrorista.
El titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional y el fiscal asignado a ese juzgado, Enrique Molina, con el apoyo de los gobiernos del PP, justificaron todas estas operaciones y redadas, que afectaron a más de 200 dirigentes de la izquierda abertzale, con una convicción: no es terrorista sólo el que mata, sino también aquellos que, sin cometer acciones castigadas por el Código Penal, dan cobertura política a los atentados y crean un cuerpo social que ampara a los asesinos.
Todos las voluminosas instrucciones judiciales (Jarrai, EKIN, Gestoras, Egin, Udalbiltza, etc), la mayor parte de ellas pendientes de juicio, quedaron en entredicho con la sentencia que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dictó el 20 de junio de 2005, que ponía en duda el carácter terrorista de los grupos juveniles de Batasuna porque no se les imputaban comportamientos delictivos concretos, tan sólo la mera pertenencia.
La Fiscalía puede ahora mantener y defender sus acusaciones por colaboración o pertenencia a organización terrorista contra unos 150 dirigentes de la izquierda abertzale, encausados en casi media docena de procesos judiciales pendientes de juicio. La doctrina establecida por el Supremo, según las fuentes citadas, considera parte de ETA a cualquier organización coordinada con ella, que siga sus directrices y que la complemente y la apoye en la consecución de su estrategia y sus fines, aunque no recurra para ello a actividades delictivas.
La resolución del Supremo puede tener un efecto dominó inmediato en todos los procesos contra las estructuras del supuesto entorno de ETA, e incidencia directa en el juicio que desde hace más de un año se celebra en la Casa de Campo madrileña contra los más de 50 dirigentes de KAS-EKIN, Xaki, la Fundación Joxemi Zumalabe y los directivos de Egin. COLPISA
