LA marea humana que en la tarde de ayer estuvo presente en las calles de Bilbao, Madrid y Pamplona, junto a otras ciudades españolas, para exigir a ETA que ponga fin al terrorismo y reivindicar su derecho a vivir en paz compuso una imagen de unidad cívica y rearme ético en respuesta a la despiadada explosión de Barajas que debería servir de referencia para los representantes políticos, que siguieron enzarzados irresponsablemente en el enfrentamiento en las horas previas a las celebración de las convocatorias. La condición de las víctimas, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, dos trabajadores de origen ecuatoriano que nada tenían que ver con ningún conflicto al que los autores del atentado pudieran injustificadamente acogerse, y el hecho de que el atentado apagara la leve esperanza que aún latía para ver el fin del terrorismo, fueron los dos grandes motivos que hicieron que la ciudadanía se sintiera directamente interpelada y se sumara a dos movilizaciones cívicas y multitudinarias. Sería un desprecio a esos manifestantes que alguien, desde instancias partidarias o institucionales, intentara siquiera apropiarse ahora del éxito de la respuesta ciudadana o que la hiciera objeto de nuevas trifulcas. Y peor sería todavía que alguien tergiversara el sentido cívico y unitario de las manifestaciones para sacar de ellas conclusiones favorables a sus intereses particulares. Han sido ya demasiadas las polémicas previas que los ciudadanos han soportado como para que se les haga cargar con otras que, por posteriores, serían todavía más indignas. Sólo a la sociedad civil que se manifestó ayer, evidenciando una admirable sensibilidad humana y una incontenible indignación por la obcecación de un terrorismo que se resiste a darse por vencido, cabe atribuir el mérito y el reconocimiento. La sociedad ha demostrado que, pese a la brusca y brutal reanudación de la violencia, no ha relajado en absoluto el nervio ético y democrático que la ha mantenido activa y vigilante en la lucha por las libertades.
El mantenimiento de esta actitud de firmeza será aún necesario en el futuro inmediato. Así lo requiere la intensificación de los ataques de violencia callejera a raíz de la jornada de lucha promovida el viernes por Segi, la organización juvenil ilegalizada de la izquierda abertzale. Unos sabotajes que comprometen aun más si cabe la posición de los dirigentes de Batasuna, que no sólo se han mostrado incapaces de protagonizar el mínimo desmarque de las directrices de ETA tras la brutal explosión de la furgoneta bomba en la T4, sino que ahondan su marginalidad social y política dando cobertura a la dictadura del miedo con la que los más radicales pretendieron ganar la calle a los ciudadanos que iban a manifestarse contra su terror. La persistencia intimidadora de la violencia y la manifiesta voluntad de ETA y su entorno de aprovechar las debilidades de los demócratas para transferirles la responsabilidad de la ruptura del alto el fuego, que únicamente es suya, deben actuar de acicate para que el PSOE y el PP intenten restablecer la mínima sintonía exigible en un momento de tanta turbación colectiva como el presente. Porque sólo una sociedad apiñada en torno a los valores y a las instituciones democráticas, junto con la utilización eficaz de todos los instrumentos de que dispone el Estado de Derecho, podrá conducir a los violentos al desistimiento definitivo de sus inaceptables propósitos.
Mañana se celebrará en el Congreso de los Diputados una sesión extraordinaria en la que el presidente del Gobierno y los grupos parlamentarios deberán debatir sobre lo ocurrido desde el alto el fuego y sobre las políticas a seguir en el futuro. La ciudadanía que ayer se movilizó no perdonaría que el debate sirviera para ahondar aún más en las discrepancias, manipulando incluso sus sentimientos en provecho exclusivo de cada uno. Sobre el presidente recae la mayor responsabilidad. No podrá limitarse a las ambigüedades que le han podido ser comprendidas mientras el proceso estaba abierto, sino que deberá, por el contrario, exponer con la máxima claridad cuáles son ahora sus objetivos y qué instrumentos tiene en mente emplear para alcanzarlos. A él le corresponde, en principio, la dirección de la política antiterrorista, pero sólo un liderazgo firme y claro, junto con una disposición abierta a la crítica, podrá conseguir que esa política resulte compartida por todos los grupos. La unidad debería ser, en consecuencia, el objetivo irrenunciable, para el que será imprescindible también la colaboración de toda la oposición. Por ello, tanto el presidente del Gobierno como todos los grupos parlamentarios harían bien en seguir el consejo que ayer les dieron los manifestantes de Madrid: «En democracia hay un tiempo para la discrepancia y la crítica, pero hoy nos atrevemos a pedir que, sin renunciar a ellas (...), sea el tiempo de poner fin a ETA y conseguir la paz».
