IRUN. DV. El alcalde en funciones, Borja Sémper, aprovechó su comparecencia para hablar del cambio de uso de locales a vivienda para replicar las críticas que Manuel Millán, portavoz de Ezker Batua en Irun, había lanzado contra la política municipal de vivienda amparándose en los datos de la Sociedad de Tasación del Estado.
«Soy consciente de que en política muchos usan cualquier tema en busca de rédito electoral», señaló Sémper, «pero el problema de la vivienda angustia a mucha gente, para el futuro y para el presente, y con algo como esto no se puede jugar ni hacer demagogia».
Por ese motivo, el edil lanzó un mensaje claro tanto a la consejería de Vivienda del Gobierno Vasco que dirige Javier Madrazo, como a la representación local de Ezker Batua. «En muchas localidades ha habido que constituir sociedades públicas de vivienda de carácter municipal, como es el caso de Irunvi en Irun. Si esto es así, es porque el Gobierno Vasco no ha actuado ahí. Algo falla en Euskadi cuando habiendo una sociedad pública de vivienda autonómica, tienen que constituirse otras municipales».
Recordó que «la única promoción de la consejería de Vivienda en Irun son los 100 pisos de Lazareto», para acto seguido enumerar los principales núcleos de VPO que el municipio está gestionando en Oinaurre, Txenperenea y San Miguel-Anaka.
Por todo eso, Sémper lamentó la falta de «autocrítica tanto en el Gobierno Vasco como en el seno de Ezker Batua. No vale decir», continuó, «que donde las cosas van bien es gracias a Madrazo y que donde van mal es por culpa del Ayuntamiento; eso no se sostiene».
La ley del suelo
En el contexto de su respuesta a las declaraciones de Millán, Sémper aprovechó para criticar la nueva Ley del Suelo aprobada por el Parlamento Vasco.
«La vivienda protegida tiene un público determinado, unos beneficiarios, pero el resto queda fuera de esas promociones». Según Sémper, la nueva ley perjudicará a todos ellos porque «la vivienda de libre mercado será más cara con la nueva Ley, y no lo digo yo, lo reconoció el propio Javier Dean», viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco.
La ley prevé que el 40% de las promociones en suelo urbano se destinen a vivienda protegida y en el caso de nuevo suelo urbanizable, el 75%. «Eso deja sólo un 25% de las viviendas al libre mercado. Como el resto están sujetas a unos precios fijos, serán esas las que asuman todas las cargas derivadas de la promoción, en lugar de que se repartan entre el 100% de las viviendas construidas», razonaba Sémper. «Decir a los ciudadanos que si hay más VPO bajará el precio de la vivienda es mentir», sentenció el alcalde en funciones. Sin embargo, recordó de nuevo el olvido de la consejería en lo que se refiere a la promoción de viviendas protegidas en Irun para reafirmarse en que «el Gobierno Vasco no se implica, y debería hacerlo, porque ésta es la segunda ciudad de Gipuzkoa».
