ETA asumió ayer la autoría del brutal atentado de Barajas en un comunicado en el que asegura mantener vigente el alto el fuego que decretó el pasado 22 de marzo, al tiempo que amenaza con seguir empleando la violencia como «respuesta en el caso de que continúe la actual situación de agresión contra Euskal Herria». La delirante crueldad de dicho mensaje deja al descubierto la pretensión de la organización terrorista de aprovechar el aturdimiento social y político que haya podido provocar con su atentado para trasladar a otros su exclusiva responsabilidad -en este caso, en el Gobierno socialista y en el PNV de Imaz- e intentar enredar en su diabólica retórica a quienes puedan aún creer que el proceso de paz puede reconducirse en semejantes condiciones de coacción dosificada, según se puedan producir avances o no que ETA se reservaría en cada momento la potestad de enjuiciarlos y calificarlos.
El comunicado y las manifestaciones efectuadas la víspera por Batasuna demuestran que tanto ETA como la formación ilegalizada pretenden retrotraerse al 22 de marzo pasado, conminando a la sociedad y a las instituciones a que hagan lo mismo. Ya hace nueve meses podía cuestionarse que la mera declaración de «un alto el fuego permanente» ofreciera garantías necesarias para que el Gobierno se aprestara a dialogar con los terroristas y se produjera un proceso de diálogo político resolutivo. El atentado de Barajas confirmó las sospechas de una vuelta atrás que ETA había ido alimentando al reactivar la violencia callejera, perseverar en la extorsión y acelerar su rearme. ETA no ha interiorizado aún en modo alguno que debe deponer las armas como condición inexcusable. Una premisa que la propia ETA ha hecho más acuciante tras reventar el aparcamiento de la T4. Su intento de dar crédito a una supuesta tregua en la que los terroristas se reservan el derecho de atentar si lo consideran oportuno podrá servirles para atemperar sus contradicciones internas. Pero resulta sencillamente inaceptable para el resto de los ciudadanos. Ante semejante chantaje el Ejecutivo no puede alentar la posibilidad de entablar futuras conversaciones con la banda terrorista.
Es evidente que ETA y la izquierda abertzale desearían someter a la ciudadanía y a los partidos, especialmente en Euskadi, a una desconcertante ducha escocesa de engañosas señales combinadas con actos de violencia. Por eso resulta más necesario si cabe que el Gobierno mantenga una actitud inequívoca de firmeza que evite facilitar a las pretensiones terroristas el más mínimo resquicio de esperanza, ni induzca en la opinión pública mayor confusión. El coincidente desprecio con el que los partidos democráticos -incluidos PNV y EA- reaccionaron ayer ante el amenazador comunicado de ETA, y su común advertencia de que a la organización terrorista no le queda otro camino que abandonar definitivamente las armas, ofreció una imagen unitaria que compromete a todas la fuerzas parlamentarias y en especial al Gobierno de Rodríguez Zapatero.
En medio de las conversaciones mantenidas por el ministro Pérez Rubalcaba con los portavoces de los grupos parlamentarios, el comunicado de ETA vino a confirmar la urgencia de la unidad y cohesión democráticas frente al terrorismo. En primer lugar, mediante un razonable entendimiento entre el PSOE y el PP, porque ambos deben asumir su responsabilidad de partidos llamados a tener que gobernar, y porque vienen enzarzándose en una pugna deplorable cuya superación representaría un valor en sí misma. Para ello bastaría el restablecimiento de un suelo compartido de principios mínimos que hicieran perder a ETA cualquier expectativa de obtener concesiones a cambio del cese de su actividad criminal, y que conjurara el peligro de quiebra en la unidad política del que tanto se beneficia la banda. Es probable que Rodríguez Zapatero se conforme con apuntalar el apoyo del que ha dispuesto hasta la fecha, de todas las formaciones salvo el PP. Pero un acuerdo tan limitado ni colmaría las exigencias de la unidad y cohesión democráticas contra el terrorismo ni su cortoplacismo serviría a los intereses del propio PSOE, obligado a una reflexión autocrítica sobre su actuación tras el alto el fuego de marzo. No hay que olvidar que la complicada situación en que se encuentra el presidente Rodríguez Zapatero deriva tanto del engaño al que incomprensiblemente ha sido sometido por parte de ETA como también de la excesiva distancia en la que él mismo quiso situarse respecto al PP en la gestión del alto el fuego.
Es necesario que los partidos democráticos consignen los principios y las pautas de conducta compartidas por todos ellos y se comprometan a afianzar una mínima unidad de criterios. Pero si algún compromiso les es exigible por parte de la ciudadanía es que no exacerben las diferencias en materia antiterrorista, ni sometan al adversario a acusaciones falsas o a un falaz juicio de intenciones en sus propósitos respecto a ETA. Esto es algo especialmente necesario en un año electoral. Porque si la desunión entre los partidos genera desafección o frustración en la sociedad, la percepción de que la confrontación extrema a cuenta del terrorismo forma parte de estrategias que persiguen antes el voto que la paz resultaría particularmente demoledora para la democracia.
