VITORIA. DV. El debate y resolución definitiva del Plan de Vivienda 2006-2009 en el Parlamento Vasco evidenció ayer la falta de coordinación institucional y una discrepancia en el seno del tripartito a la hora de abordar la fiscalidad en materia de vivienda.
Y es que la Cámara vasca aprobó ayer una iniciativa para que el Gobierno Vasco y las diputaciones forales impulsen medidas para movilizar viviendas vacías, entre ellas, la de establecer un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles o la de eliminar, de forma progresiva, las desgravaciones en el IRPF por la compra de una vivienda en favor del gasto directo de la Administración en política de vivienda.
La iniciativa, consensuada y aprobada por PSE-EE, EHAK, EA, EB y Aralar, contrasta con la norma de fiscalidad que esta misma semana ha aprobado el Órgano de Coordinación Tributaria, entidad donde los gobierno forales deciden los impuestos de los ciudadanos vascos y cuyas presidencias ostentan PNV y PP.
PNV y PP, en contra
Precisamente, estos dos grupos parlamentarios rechazaron la propuesta de resolución, que también insta a las administraciones competentes a rebajar la fiscalidad de las viviendas de protección pública y favorecer el alquiler incrementando las deducciones para los inquilinos.
Antes de que fuera aprobada la norma fiscal, el coordinador de Ezker Batua y consejero de Vivienda, Javier Madrazo, ya había reclamado reformas fiscales que primaran el alquiler frente a la propiedad, penalizaran la viviendas vacías y que diferenciara entre pisos libres y protegidos; sin embargo, no tuvieron reflejo en el Órgano de Coordinación Tributario. De hecho, desde el Departamento de Vivienda se ha criticado a las diputaciones forales por aumentar las desgravaciones fiscales a la primera vivienda por considerar que esta medida puede favorecer la venta de pisos libres cada vez más caros en detrimento de los pisos protegidos y de alquiler.
Frente a la decisión de las instituciones forales, el departamento de Madrazo ha abogado durante los últimos meses, sin éxito, por suprimir las deducciones y primar en su lugar el gasto directo en políticas de vivienda protegida.
La iniciativa, que surgió a raíz de una propuesta socialista, tuvo que ser votada en dos ocasiones al producirse sendos empates que fueron resueltos recurriendo al voto ponderado.
No es la única resolución que deberá incorporar el Plan de Vivienda 2006-2009 ya que PNV, PSE, EA y Aralar también aprobaron emplazar al Ejecutivo vasco a destinar al alquiler un mínimo del 50% de las viviendas protegidas que se inicien durante la vigencia del plan, siendo, al menos un tercio viviendas sociales y alojamiento rotacionales.
Esta enmienda de transacción sustituyó a una iniciativa socialista que pedía «significativos incrementos presupuestarios para 2008 y 2009» con la posibilidad de de un «endeudamiento relevante» que posibilite un plan de choque en materia de acceso a la vivienda.
De igual manera, los socialistas consensuaron otra propuesta de transacción con el tripartito para instar al Gobierno Vasco a impulsar un pacto por la vivienda, a iniciar en septiembre de 2007, con los nuevos ayuntamientos a fin de materializar las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda e incluir modificaciones presupuestarias.
Y es que desde las filas socialista se volvió a cuestionar la escasa dotación presupuestaria del Departamento de Vivienda para ejecutar el plan que contempla la promoción de 27.000 viviendas protegidas hasta el 2009, la captación de suelo para 24.000 viviendas, la movilización de 5.000 viviendas vacías, así como impulsar 8.500 viviendas de alquiler social.
Tanto PP como EHAK pidieron la devolución del plan por considerarlo «insuficiente» para abordar las necesidades de viviendas en el País Vasco.