Zoido accede a reunirse con Covite tras su protesta ante el Ministerio de Interior

Fuentes de esta dirección de atención a los damnificados por el terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, explicaron que la responsable de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, saludó ayer a Consuelo Ordóñez poco después de que la presidenta de Covite se preguntase por qué Zoido «se niega a dar la orden de desmantelar definitivamente a ETA».

Las citadas fuentes señalaron igualmente que el ministro de Interior, que ayer no recibió a Ordóñez al encontrarse de visita oficial en Argelia con Mariano Rajoy, mostró su predisposición a reunirse con Covite y con el resto de asociaciones de víctimas del terrorismo. En cuanto Zoido regrese a Madrid se buscará una fecha en la agenda para poder cerrar un encuentro.

La presidenta de Covite, junto a otras víctimas, exhibió ayer ante el edificio de la calle Amador de los Ríos diferentes carteles pidiendo la derrota policial de la banda terrorista. También reclamaron al Gobierno central que «dé la orden de disolver definitivamente a ETA y que las Fuerzas de Seguridad sean las únicas protagonistas de su final».

Ordóñez denunció que Zoido «se ha negado hasta ahora a recibir» a las víctimas de la banda terrorista y le emplazó a explicar «por qué este Gobierno no disuelve a ETA, por qué permite que ETA escriba el relato de su final y por qué se niega a escenificar su derrota». «Hace siete años que ETA anunció el cese de la violencia y desde entonces el Gobierno le suplica que se disuelva», afirmó, para añadir que «no oímos decirles a los terroristas del Dáesh que se disuelvan, ni a los ladrones que dejen de robar, ni a los violadores que dejen de violar».

En este contexto, la presidenta de Covite recordó que «a los delincuentes no se les suplica, se les detiene» y denunció que desde el anuncio del «cese de la actividad armada de ETA, el 20 de octubre de 2011, el Gobierno ha permanecido impasible ante los movimientos de la organización terrorista».

«No ha investigado la supuesta destrucción de armas por parte de ETA en diciembre de 2016 en Luhuso (Francia), pese a que podrían servir para esclarecer los casi 400 crímenes sin resolver de ETA; tampoco ha cuestionado el supuesto desarme de Baiona, puesto en entredicho por la lucha antiterrorista francesa; ha ignorado las informaciones que apuntaban a que el etarra David Urdín Pérez estaba limpiando las armas utilizadas por la banda; y ha hecho oídos sordos a las mentiras de la izquierda abertzale en torno a cambios en la política penitenciaria francesa», incidió.

Finalmente, Ordóñez alertó de que el Gobierno «podría permitir el teatro de la disolución» de la banda con «un supuesto aval internacional», en lugar de «frenar la propaganda, desplegar la diplomacia y darnos la foto de la derrota de ETA». En este contexto, advirtió de que «los únicos protagonistas del final de ETA» deben ser las FSE y afirmó que todavía «falta la operación final que termine de desmantelar la banda», porque «solo esa foto será la certificación de que la derrota se ha producido».