Urkullu escribe una carta a Rajoy para que no frene la ley de víctimas policiales

El lehendakari aprovecha el informe que le ha entregado esta semana la comisión de valoración para demostrar que es una norma necesaria

M. V. SAN SEBASTIÁN.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, desveló en la entrevista que ofreció anoche en ETB que ayer mismo envió una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para tratar de convencerle de que retire el recurso contra la ley de víctimas policiales que el Ejecutivo central ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Urkullu se ha apoyado para ello en el informe que le ha entregado esta semana la comisión de valoración que contempla esta norma, que ha reconocido a 187 víctimas de motivación política en el periodo 1960-1978, los años que abarca el primer decreto de este tipo aprobado por las instituciones vascas y que en su día recibió el visto bueno del Gobierno central.

Urkullu explica a Rajoy en la misiva que el reconocimiento que el Gobierno Vasco está haciendo a las víctimas de abusos policiales «no va contra nadie». En su misiva, Urkullu destaca «la importancia del resarcimiento, por lo menos, a las víctimas» comprendidas entre 1960 y 1978, pero recuerda la necesidad de que ese reconocimiento se extienda también a los damnificados en la etapa democrática.

El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional el pasado 10 de mayo la ley vasca de 'Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999'. El Ejecutivo de Rajoy consideró que la comisión de valoración recogida en la ley, a la que se atribuye la función de analizar las peticiones de reparación presentadas por las víctimas, invade competencias exclusivas de los tribunales de Justicia.

Precisamente, el lehendakari recibió este pasado lunes, de manos de la comisión de valoración del decreto de víctimas de vulneraciones de derechos humanos entre 1960 y 1978, el informe final de los 187 damnificados «por abuso de poder o uso ilegítimo de violencia policial» durante los últimos 15 años de dictadura y la Transición.

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