Urkullu y Barkos pactan un liderazgo compartido para la nueva etapa sin ETA

Uxue Barkos e Iñigo Urkullu se saludan en el inicio del acto desarrollado en el Señoría de Bertiz. / L. Michelena

El lehendakari y la presidenta de Navarra buscan una reflexión crítica unánime y atraer a Rajoy hacia otra política penitenciaria

Miguel Villameriel
MIGUEL VILLAMERIELBertiz

El Gobierno Vasco y el Ejecutivo foral de Navarra llevan tres años abriendo vías de cooperación institucional, desde que Uxue Barkos (Geroa Bai) puso fin a dos décadas de UPN en el poder en la Comunidad Foral, pero esa sintonía aún estaba huérfana de un acto simbólico que la consagrara. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra aprovecharon nada menos que la disolución de ETA para celebrar una declaración institucional conjunta que fue mucho más allá de una valoración al comunicado final de la organización armada. Sirvió también para presentar una serie de «compromisos compartidos» que contemplan dos retos para el corto plazo: impulsar una «reflexión crítica global sobre el pasado» y promover un grupo de trabajo que incluya a los gobiernos vasco, navarro y central para «adaptar la política penitenciaria al nuevo contexto» tras la disolución de ETA.

La puesta en escena elegida por Urkullu y Barkos para su declaración conjunta trató de no quedarse a la zaga respecto a la que horas antes habían protagonizado los mediadores internacionales en la Villa Arnaga de Kanbo. El lehendakari y la presidenta navarra optaron para ello por un edificio singular como la casa-palacio del Señorío de Bertiz, un paraje idílico en el norte de Navarra que linda a escasos kilómetros con Gipuzkoa e Iparralde. Allí, ambos dirigentes leyeron sus respectivas declaraciones ante el final de ETA, que fueron similares en lo sustancial, y anunciaron los compromisos que adoptan de cara al futuro. «El compromiso ético continúa y tenemos la determinación de seguir trabajando por una convivencia normalizada, ahora en un escenario mejor», señaló Urkullu en su intervención.

Cinco mensajes de texto para certificar el final de la banda

El lehendakari, Iñigo Urkullu, envió cinco mensajes de texto (SMS) el pasado jueves a diferentes dirigentes políticos cuando se hizo público el comunicado en el que ETA anunciaba su disolución. Todos ellos son cargos o excargos públicos con los que el lehendakari ha compartido experiencias o conversaciones en los últimos años en torno a la organización armada. Los mensajes fueron para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, el expresidente del PSE Jesús Eguiguren y el exlíder del EBB Josu Jon Imaz.

El documento de colaboración institucional presentado por Urkullu y Barkos en el Señorío de Bertiz, titulado 'Propuestas y compromisos tras el anuncio de la definitiva desaparición de ETA', comienza constatando que «se dan las condiciones para acordar los pasos que consoliden una nueva etapa de convivencia en nuestra sociedad». Entre las propuestas, ambos gobiernos diferencian entre los pasos que se pueden dar «a corto plazo» y otros que tendrían una proyección «a medio plazo». Entre los primeros, se recoge «una reflexión crítica global sobre el pasado» que, incluyendo explícitamente la violencia de ETA, «sea compartida, por primera vez, por todas las fuerzas políticas» y reconozca «el daño injusto provocado». Otra cuestión urgente para ambos ejecutivos es impulsar «un consenso sobre la adaptación de la política penitenciaria al nuevo contexto que, definitivamente, alcance a todas las fuerzas políticas».

Tanto Urkullu como Barkos son conscientes de que será complicado que el Gobierno de Rajoy acceda a realizar cambios de calado en la política penitenciaria en cuestión de semanas, sobre todo porque difícilmente hará algo que pueda interpretarse como una cesión a ETA por disolverse, pero aún así asumen una serie de compromisos para que el documento presentado ayer no se quede solo en palabras. La principal iniciativa será «promover un grupo de trabajo sobre política penitenciaria entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el Gobierno español que desarrolle los consensos parlamentarios que se alcancen en Navarra y en Euskadi». Fuentes del Ejecutivo vasco señalaron tras el acto que se trata de generar una «línea de trabajo» con el Ejecutivo de Rajoy que sirva de base para que en los próximos meses puedan empezar a producirse movimientos en las políticas sobre presos.

Consensos parlamentarios

El documento establece algunas propuestas como «punto de partida» para fomentar esos consensos parlamentarios en la CAV y Navarra. Entre otros, se emplaza a los presos a «desarrollar las vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de individuación, reconocimiento del daño causado y reinserción», se habla de «impulsar un proceso de acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus lugares de residencia» o se reclama una aplicación del ordenamiento jurídico con «criterio humanitario» en relación a los reclusos enfermos, de edad avanzada o con menores a su cargo. También se buscará promover «una política de reinserción acorde con su definición constitucional».

Entre las propuestas con una proyección a medio plazo, los gobiernos vasco y navarro se fijan tres grandes objetivos: la consolidación de una memoria plural y compartida; el impulso de políticas públicas de reconocimiento y reparación de todas las víctimas del terrorismo, la violencia y las violaciones de derechos humanos; y la promoción de una educación y una cultura para la convivencia y los derechos humanos «de vocación preventiva».

Más allá de la presentación de los compromisos de cara al futuro, los máximos dirigentes de la CAV y Navarra dieron a conocer su visión particular sobre el proceso de final de ETA. El lehendakari explicó que ha acogido con «alivio y alegría» el «hecho histórico» de la disolución de la organización armada, aunque lamentó que «ha costado demasiado tiempo». También criticó la indiferencia que ha mostrado ETA hacia las víctimas en su último comunicado, al tiempo que reivindicó la «memoria del injusto daño generado».

Urkullu, que ya dedicó sus primeras palabras a las víctimas cuando el jueves se hizo público el comunicado de ETA, aseguró que los damnificados por el terrorismo «son hoy sujetos y partícipes principales de este logro democrático de la sociedad, sus instituciones, la política y los derechos humanos». Tras criticar que la banda «no ha sido capaz de expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas», Urkullu aseguró que «la sociedad vasca y las instituciones sí podemos hacerlo», por lo que subrayó que «utilizar la violencia y la violación de los derechos humanos como arma política fue un radical error humano, ético, político y democrático». «Nunca más», enfatizó.

El lehendakari también mostró «esperanza» en el futuro tras la desaparición de ETA. Abogó por una «convivencia integrada e integradora, justa y con memoria», al tiempo que recordó a «tantas y tantas personas, entidades sociales, partidos políticos e instituciones» que con «esfuerzo» han trabajado durante décadas por la paz. «Hoy merecen un reconocimiento especial», afirmó. Urkullu también miró al futuro con la «ilusión» de poder compartir con los jóvenes una «aspiración largamente ansiada y necesitada por nuestros mayores: vivir en paz». Por ello, ratificó su «compromiso» para seguir trabajando por el «encuentro social».

Barkos y la memoria crítica

Por su parte, Uxue Barkos aseguró en su declaración que, tras este «período histórico oscuro, marcado por la violencia y el dolor», las instituciones van a trabajar «por que hoy comience un nuevo tiempo». «Ha llegado el momento -señaló- de avanzar en una memoria crítica del pasado que reconozca el carácter injusto e injustificable de la violencia y no caer en la injusticia del olvido o la desmemoria».

Barkos defendió que «la memoria es, sobre todo, una cuestión de futuro», relacionada con la «transmisión de una cultura de paz a nuestros hijos» y en la que «las víctimas no puedan caer en el olvido». «La memoria es la base sobre la que construir una convivencia pacífica en una sociedad más ética, más justa y más democrática que dé respuesta a la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas», afirmó. También pidió que esa memoria se sustente en «los derechos humanos y la dignidad como elementos incuestionables e invulnerables, incluida la superación de la excepcionalidad en las políticas penitenciarias».

En este punto, lamentó que el comunicado final de ETA no incluyera «una mirada ética y crítica a las consecuencias de su acción, reconociendo la injusticia del daño causado a todas las víctimas».

El final de ETA

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