Urkullu y De Andrés chocan ante los jueces

Urkullu y De Andrés, en un corrillo durante la apertura del Año Judicial con Juan Luis Ibarra y la líder del PSE, Idoia Mendia. El presidente del TSJPV abraza al homenajeado Joaquín Giménez. / EFE EFE

El delegado del Gobierno afea al lehendakari su discurso en el acto del Año Judicial, marcado por Cataluña. El presidente del TSJPV reivindica a sus colegas catalanes y alerta de «un vacío» que sería ocupado por «la arbitrariedad de las dictaduras»

LOURDES PÉREZBILBAO.

Cataluña lo impregna todo. Y lo hace con tanta gravedad como para que ayer se produjeran dos circunstancias muy inhabituales, por no decir insólitas, en la solemne apertura del Año Judicial en Euskadi. La ceremonia que acoge cada otoño el Palacio de Justicia de Bilbao se ha convertido, después de años de pesadumbre por la amenaza de ETA y la crispación de la política vasca, en un espacio de reunión, encuentro y concordia entre el universo de los tribunales, las instituciones y los representantes de la sociedad. Ayer fue, además, un altavoz con el que la Magistratura y la Fiscalía, casi siempre alérgicas a adentrarse en el terreno del poder político, defendieron a sus compañeros catalanes colocados bajo sospecha por el independentismo e hicieron un canto expreso a la ley y el Estado de Derecho para no caer en «la arbitrariedad propia de las dictaduras», en palabras del presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra. El acto tuvo, junto a ello, una trastienda que ilustra las tensiones del momento: una agria conversación, con reproches cruzados, entre el delegado del Gobierno, Javier de Andrés, y el lehendakari.

El dirigente del PP siguió con indisimulado malestar el breve discurso pronunciado por Iñigo Urkullu, focalizado en la crisis catalana. Para apuntalar su tesis de que solo la aplicación de la ley no basta para afrontar el conflicto político abierto entre la Generalitat y el Estado, el jefe del Ejecutivo vasco rescató un párrafo de la sentencia dictada el 25 de marzo de 2014 por el Tribunal Constitucional para anular la declaración a favor de la soberanía aprobada meses antes por el Parlament. «La Constitución no aborda ni puede abordar todos los problemas, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico», leyó el lehendakari, como una suerte de contrapunto a las alocuciones en nombre de la Magistratura y de la Fiscalía que le habían precedido. Una diferente manera de ver las cosas que no ha impedido el establecimiento estos años de un clima de colaboración y cortesía institucional entre el Tribunal Superior y Ajuria Enea. De hecho, no hubo una palabra más alta que otra ante la reiterada defensa que hizo Urkullu del diálogo entre Rajoy y un Puigdemont hoy situado al margen de la legalidad.

No lo interpretó así De Andrés, quien se dirigió al finalizar el acto al lehendakari para anunciarle la última noticia del momento -el pacto para la reforma constitucional entre el Gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez- y afearle, al tiempo, el cariz de su intervención. Urkullu, que no estaba al corriente de esa última hora, le respondió que «lo importante es que cuenten con terceros», según pudo escucharse en los corrillos. «Unos terceros» que pretenderían remover al Tribunal Constitucional, le espetó De Andrés, al que el lehendakari reconvino a su vez, visiblemente molesto, por atribuirle unas manifestaciones que él no había hecho. El intercambio de pareceres subió de tono, hasta el punto de que la fiscal superior, Carmen Adán, trató de poner paz incidiendo en que Urkullu no había cuestionado la posición del Constitucional. El episodio, que coleaba 'sotto voce' en el cóctel posterior, ilustra 'la catalanización' que empieza a adueñarse del espacio público.

Jueces y fiscales tenían asumido que no podían pasar de puntillas por el desbordamiento de la legalidad protagonizado por el Govern de Carles Puigdemont, en una apertura del Año Judicial con una amplísima representación institucional -junto al lehendakari, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y los consejeros Erkoreka, San José, Beltrán de Heredia y Retortillo-; y cargado de simbolismo con los reconocimientos a Joaquín Giménez, recién jubilado del Supremo y emblema de la primera generación de jueces de la democracia, y Adela Asúa, exvicepresidenta del TC. «Nuestras compañeras y compañeros que ejercen la potestad jurisdiccional en Cataluña no pueden contemplar con la evanescencia propia de una atadura de arena el mandato» legal de la Constitución y el Estatuto, advirtió Juan Luis Ibarra.

Ley y «voluntad popular»

El máximo responsable del TSJPV dejó sentado que si se menoscaba o impide la labor de los jueces catalanes, eso representa una «crisis constitucional». La cual, remató, provocaría tal «vacío en el corazón del Estado de Derecho que, de inmediato, se vería ocupado por la arbitrariedad propia de las dictaduras». Ibarra identificó el imperio de la ley como «expresión de la voluntad popular» y manto protector de los derechos humanos, al tiempo que previno contra el adanismo de parte de la juventud que se muestra desconsiderada hacia «la transición a la democracia». La fiscal Adán, quien no se prodiga en intervenciones públicas, no dejó pasar la ocasión de alertar contra la «deslegitimación» a la que conduce el incumplimiento de la ley y de arropar explícitamente a sus colegas de Cataluña.

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