El Supremo abre una macrocausa contra el proceso secesionista con Puigdemont a la cabeza

Puigdemont. /AFP
Puigdemont. / AFP

El tribunal asume la investigación contra el gobierno cesado y los 'Jordis' al entender que la rebelión fue una maniobra coral

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

La supuesta rebelión en Cataluña fue una maniobra coral que nunca habría llegado tan lejos sin la «intervención coordinada» de una «pluralidad de partícipes». Desde la Generalitat (con Carles Puigdemont a la cabeza) hasta parte de la Mesa del Parlamento catalán (empezando por su presidenta, Carme Forcadell), pasando por las plataformas independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmniun Cultural.

Con el argumento de que no se puede investigar por separado una maniobra tan compleja, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió ayer aceptar gran parte de la investigación sobre el órdago secesionista que se instruía en la Audiencia Nacional y abrir una macrocausa contra el proceso soberanista en Cataluña. Un gran sumario en el que pasan a estar imputadas 22 personas: el expresidente de Cataluña y sus trece consejeros (huidos, encarcelados o en libertad); Forcadell y los cinco miembros de la Mesa que permitieron el trámite de las leyes de desconexión (todos en libertad); y los líderes de las plataformas bajo sospecha, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía, que no veía operativa una mega instrucción judicial, arrastra para sí casi toda la investigación sobre la rebelión, pero no toda. Llarena, en una decisión que es inapelable, rechaza quedarse con las pesquisas sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los últimos meses, incluida su supuesta inacción el día del referéndum, las órdenes para no actuar en esa jornada, los presuntos seguimientos ilegales a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o la negativa a auxiliar a los guardias civiles acosados por la multitud en los registros de Barcelona el 20 de septiembre.

Llarena rechaza quedarse con las pesquisas sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra

El alto tribunal cree que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela debe continuar instruyendo la causa que se sigue contra el exmayor del cuerpo, Josep Lluis Trapero, la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y los agentes de la policía catalana que puedan ser imputados en esta causa. El Supremo considera que la actuación de los policías puede ser investigada de «forma autónoma», ya que son «participaciones añadidas» al núcleo central de la maniobra de la rebelión.

¿Excarcelaciones?

La decisión de Llarena de quedarse con las investigaciones contra el antiguo gobierno de la Generalitat y los 'Jordis' puede tener consecuencias inmediatas. Antes, incluso, de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. El magistrado del Supremo tiene ahora en su mano la posibilidad de dejar en libertad al exvicepresidente, Oriol Junqueras; a los siete exconsejeros que no huyeron a Bélgica y a los líderes de ANC y Òmnium.

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Fue el propio Pablo Llarena el que el pasado 9 de noviembre abrió lo que ya se ha conocido como vía Forcadell, dejando en libertad bajo fianza a la presidenta y a los miembros de la Mesa, después de que estos abjuraran de la declaración unilateral de independencia (DUI) y acataran la aplicación del 155. Tanto Junqueras como el resto de exmiembros de la Generalitat en prisión, en sus recursos contra su encarcelamiento, de una u otra forma, tacharon de «simbólica» la declaración de independencia y admitieron la intervención del Gobierno central. El magistrado podría citar a los presos de oficio para revisar su situación o admitir estudiar sus recursos contra el encarcelamiento ya presentados ante la Audiencia Nacional.

En su auto Pablo Llarena justifica la unificación «por la conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando en el Supremo en la causa relacionada con el proceso secesionista». El instructor del Supremo hace así suyo gran parte de los argumentos de la juez Lamela, que defendió ceder su sumario al alto tribunal al considerar que todos los encausados son miembros de la misma «organización criminal».

La unificación en un gran procedimiento supone incluir en el mismo sumario los hechos acontecidos desde la aprobación de las denominadas leyes de desconexión a principios de septiembre hasta la huida de Puigdemont a Bélgica a finales de octubre. Un periodo que abarca los preparativos de la consulta ilegal y el uso de fondos públicos para esta operación; la aprobación de la DUI el 27 de septiembre en el Parlamento autonómico; o la movilización de las masas por parte de las plataformas bajo sospecha.

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