Sálvese quien pueda

Lourdes Pérez
LOURDES PÉREZ

La decisión del instructor del Supremo Pablo Llarena, por la que permite a Carmen Forcadell y a otros cuatro exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán eludir la prisión previo pago de cuantiosas fianzas, podía haber abierto un roto en la credibilidad de la Justicia española. Los pulsos entre el alto tribunal y la Audiencia Nacional son recurrentes, pero esta causa no es como las demás. Y no iba a resultar fácil explicar por qué la magistrada Carmen Lamela opta por la más gravosas de las medidas cautelares posibles -el envío a prisión incondicional- para el vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, y siete exconsellers, mientras que su compañero Llarena ha evitado esa severidad. Si la consistencia judicial está en condiciones de quedar a salvo es porque la maratoniana jornada de declaraciones ante el Supremo evidenció la disparidad de estrategias de defensa que se ha instalado ya entre los investigados. Un ‘sálvese quien pueda’ que acentúa las grietas en el independentismo ante el 21-D. Y que vacía el relato movilizador sobre la existencia de presos políticos en España, cuando el conseller destituido Santi Vila y los exmiembros de la Mesa han apostatado de la DUI para limitar los efectos penales adversos.

La democracia española no es militante: hay que cumplir la Constitución, pero no se exige ni creer en ella ni compartir sus presupuestos. Es más, es posible rebatirla y hasta combatirla, como recuerdan los juristas, siempre que no se vulnere la ley. Hace una semana, Junqueras y sus correligionarios se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía. Ayer, y a la espera de si el Supremo se queda con la causa completa, Forcadell y los suyos no solo se avinieron a contestar, sino que utilizaron el resquicio para desvirtuar la proclamación de la república y acatar expresamente el artículo 155. Pocas situaciones vitales pueden resultar más desarmantes que perder la libertad, un trance extremo que los querellados de ayer sortearon con lo que tenían en su mano. Con Junqueras en prisión y Forcadell purgándola hasta que reúna los 150.000 euros de caución, la huida de Puigdemont para tratar de sostener el ‘Govern en el exilio’ se antoja ya tan insolidaria como desconcertante para la causa secesionista.

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