El relevo en Moncloa reabrirá el diálogo de Madrid y Vitoria sobre transferencias y presos

El relevo en Moncloa reabrirá el diálogo de Madrid y Vitoria sobre transferencias y presos

El pacto PNV-PSE ya recoge el traspaso de Prisiones y Seguridad Social y el fin de las políticas de dispersión

Jorge Sainz
JORGE SAINZSan Sebastián

La llegada del socialista Pedro Sánchez a La Moncloa abrirá una nueva etapa en la relación entre los gobiernos español y vasco en materia de transferencias y política penitenciaria, que entablará el diálogo para abordar cambios en ambas materias. Dos factores son claves: el hecho de que la visión del PSOE sobre el autogobierno y los presos difiere de la del PP y la circunstancia de que en Euskadi el PNV y el PSE-EE son socios en el Ejecutivo autonómico. Donde no se abrirá un nuevo tiempo será en la negociación del nuevo estatus vasco, una cuestión además en manos de los partidos, no de los gobiernos. En este aspecto, Sánchez coincide con su líder en Euskadi, Idoia Mendia, a la hora de cerrar la puerta a la inclusión del derecho a decidir u otros conceptos soberanistas.

En Ajuria Enea no ocultan que la relación del lehendakari con el ya expresidente Mariano Rajoy fue «cordial», pero apenas dio frutos tangibles. El mandatario del PP nunca adoptó «compromisos» en materia de transferencias o política carcelaria, recuerdan desde el Ejecutivo de Vitoria. Ahora, están convencidos de que con el Gobierno del PSOE al menos «se abrirá la puerta para sentarnos y hablar de estos temas».

Tanto los traspasos a Euskadi de Prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social como la flexibilización de la política con los presos de ETA están subrayados en rojo y de forma explícita en el acuerdo de gobierno firmado por el PNV y el PSE-EE, por lo que el Ejecutivo de Urkullu cree que Sánchez debería ser receptivo a estas reivindicaciones. Eso sí, no se espera un desbloqueo inmediato de las mismas debido a la peculiaridad de este nuevo Gobierno, que adolece de minoría parlamentaria y de la dificultad para tejer acuerdos por la heterogeneidad de los 180 diputados que votaron a favor de la moción de censura.

A la espera de que Urkullu y Sánchez fijen un primer encuentro, el Ejecutivo autonómico vasco cree que ya solo la recuperación del diálogo sobre transferencias y cumplimiento del Estatuto de Gernika es un triunfo, tras las constantes diferencias de los últimos años con el gabinete del PP, con una reunión pendiente entre el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría desde hace un año. «Se abre una nueva etapa», proclamó el sábado el lehendakari en las redes sociales junto a una imagen de Sánchez y el president catalán, Quim Torra, una vez levantado el 155.

No obstante, la materialización real de compromisos sobre transferencias o presos no será sencilla. La voluntad del PSOE y del propio PNV es que el mandato de Sánchez se pueda alargar lo máximo posible, incluso hasta su final en junio de 2020, y en esos dos años habría algo de margen. No obstante, el nuevo Gobierno socialista quiere que tanto los traspasos de transferencias a Euskadi como la política penitenciaria respondan a los mayores consensos posibles.

Precedente de Zapatero

En el caso del autogobierno, existe el precedente de los acuerdos del anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con el PNV para traspasar las políticas activas de empleo. Además, el Gobierno del PP apenas había explorado este terreno, por lo que los socialistas tendrían un amplio campo en el que avanzar.

La cuestión de los presos de ETA sí que se plantea más delicada para Sánchez. Aunque los socialistas vascos defienden sin ambages el fin del alejamiento y la flexibilización de la situación en las cárceles, Sánchez no se ha atrevido en estos meses a despegarse en exceso de las políticas de Rajoy, que no ha movido ficha.

No obstante, el nuevo presidente está dispuesto a abrir también otra etapa en este campo, aunque para ello quiere amarrar «amplios consensos previos» y una hoja de ruta bien estudiada y que tenga en cuenta a las víctimas del terrorismo.

En su hipotético gobierno puede tener personas que conocen bien la materia como la exmagistrada Margarita Robles, que ya se ha pronunciado públicamente contra la dispersión, o Patxi López, el 'lehendakari de la paz', como lo denominan los socialistas al producirse el cese de los atentados de ETA bajo su mandato. El acuerdo de Gobierno Vasco PNV-PSE recoge «una propuesta de reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria, favorezca el acercamiento de presos e inste a la transferencia de la competencia de centros penitenciarios al País Vasco».

Paralelamente, el lehendakari Urkullu ofrecerá a Sánchez el Grupo de Trabajo de Bertiz, creado junto al Gobierno de Navarra nada más disolverse ETA para abordar la política penitenciaria, y que preveía trasladar a Mariano Rajoy.

Donde no se prevé acercamiento, por mucho que socialistas y jeltzales hagan votos por el diálogo, es en la actualización del nuevo marco político y jurídico. Cierto que esta cuestión el Gobierno Vasco la residencia en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco y el debate de los partidos. Pero Sánchez ha formado parte de los partidarios del 155 en Cataluña y rechaza el derecho a decidir, aunque sí que ha explorado el concepto de plurinacionalidad del Estado, ahora aparcada por la convulsa coyuntura. El pensamiento de Sánchez en este apartado no difiere en exceso del planteamiento del PSE de Mendia, que no ha pactado con el PNV ni el preámbulo ni el título preliminar del nuevo estatus, en el que los jeltzales solo han encontrado el apoyo de EH Bildu. De hecho, esta es la principal discrepancia de peneuvistas y socialistas en sus acuerdos de gobierno para Euskadi. La líder del PSE-EE vasco ya advirtió el sábado en Durango de que cualquier acuerdo con los jeltzales no debe traspasar «el marco de la legalidad».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos