Puigdemont liquida la junta electoral para evitar las multas de 12.000 euros diarios

Cientos de estudiantes ocuparon ayer el Rectorado de la Universidad de Barcelona. / AFP

La Generalitat fía la supervisión de la consulta a un grupo de observadores internacionales aún desconocidos

CISTIAN REINO

La preparación del referéndum recibió ayer un serio revés tras quedarse sin la junta electoral que debe velar por la limpieza de la votación, realizar el recuento y proclamar los resultados, entre otras cuestiones de vital importancia en toda consulta electoral. Pero aunque las garantías democráticas que prometió Carles Puigdemont están cada vez más en el aire, el Ejecutivo catalán no se detiene hacia el 1-O.

Después de las operaciones policiales de esta semana, que se han incautado de material clave, como papeletas o tarjetas censales y que han inutilizado el sistema informático para convocar las mesas o para hacer el recuento, la Generalitat tuvo que asumir ayer la renuncia de todos los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, el nombre que recibe en la ley del referéndum la junta electoral diseñada para la consulta. No solo eso, tuvo que destituir a Josep María Jové, secretario general de Economía y ‘número dos’ de Oriol Junqueras.

La sindicatura estaba integrada por cinco miembros, además de los quince delegados territoriales. La Generalitat presentó la renuncia de los juristas y catedráticos -nombrados por el Parlament (con los únicos votos de Junts pel Sí y la CUP) el día que se aprobó la ley del referéndum- como una petición expresa del propio Ejecutivo, argumentando que ya han finalizado sus trabajos y que sus funciones las asumirán observadores internacionales o del mundo académico.

Hace una semana, y tras recibir a la primera misión internacional de observación electoral acreditada para el referéndum, integrada por seis expertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda y Polonia, la Generalitat hizo un llamamiento a través de su página web para reclutar observadores internacionales que supervisen la votación. Entre otros requisitos, los candidatos no pueden ser españoles. Hasta el nombramiento de estos observadores, el Govern asume algunas funciones como administración electoral, como los posibles recursos de los ciudadanos convocados a formar parte de las mesas electorales, aunque las notificaciones no acaban de llegar a los buzones y el plazo expira el martes.

El Gobierno catalán también anunció la destitución de Jové, detenido el miércoles en el marco de la operación policial contra la organización del 1-O y puesto ayer en libertad, tras prestar declaración ante el juez. El despido de Jové, como las dimisiones de la Sindicatura Electoral, se produjeron el día después de conocerse la multa de 12.000 euros diarios que el Tribunal Constitucional les ha impuesto por su actuación en la organización del referéndum. Se trata de sanciones que buscan imponer el cumplimiento de las sentencias del Constitucional y que se mantendrán diariamente en tanto los afectados no las acaten. La multa empezará a contabilizarse desde hoy, de ahí la urgencia que obligó a Puigdemont a convocar ayer una reunión extraordinaria de su gobierno.

Razones pecuniarias

Poco después, el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, compareció para justificar que el cese de Jové era para «protegerle» y librarle del pago de la sanción. La misma razón pecuniaria habría que buscar en la sindicatura. «En este marco de suspensión de facto del Estado de Derecho, la mejor manera que tenemos de proteger al señor Jové ante este despropósito es decretar su cese», señaló Turull. Fuentes del Tribunal Constitucional, en cualquier caso, precisaron que la renuncia a los cargos no exime del pago de las sanciones. Eso sí, con la renuncia, lo que evitan es acumular multas cada día que pasa.

El consejero de Empresa, Jordi Baiget, ya fue forzado a abandonar el Govern tras reconocer que temía por su patrimonio (además de las dudas de la viabilidad del referéndum), lo que abrió una crisis en el gabinete de Puigdemont el pasado julio, que se saldó con cuatro consejeros destituidos y una veintena de altos cargos de la administración autonómica.

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