Rajoy pacta que la intervención en Cataluña acabe en elecciones

La negativa del Gobierno a delimitar de antemano el momento en el que los catalanes pueden ser llamados a las urnas responde a la asunción de que poner en marcha las medidas a las que habilita el hasta ahora inédito precepto de la Carta Magna no será en absoluto sencillo. Es decir, que es un jardín en el que se sabe cómo se entra pero no cómo se sale ni cómo se transita.

El planteamiento inicial sí es, según populares y socialistas, que la situación de excepcionalidad que supone la intervención total o parcial de la autonomía dure lo menos posible. En el Ejecutivo hablan de unos tres meses, a lo sumo seis. Y de ahí la meta de enero, a la que también hizo referencia el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Pero Méndez de Vigo insistió en introducir un matiz: «Las elecciones tienen que hacerse bajo la premisa de que existe una convivencia pacífica, así que habrá que esperar a que se produzca esa circunstancia», dijo. Los detalles de cómo pretende el Gobierno lograrlo quedan para la comparecencia de hoy de Mariano Rajoy.

En el entorno del secretario general del PSOE aseguran que sólo se han pactado con el jefe del Ejecutivo los principios básicos de la intervención. O sea, eso de que debe ser «breve y limitada». Limitada no tiene por qué significar que no se asumirán las competencias de todo el Govern sino más bien, explican fuentes de la negociación, que la autoridad gubernamental designada se ceñirá a garantizar el funcionamiento de la administración catalana en un plano técnico y no tomará decisiones que podrían calificarse de «políticas».

El portavoz del Ejecutivo fijó así cuatro objetivos esenciales: restaurar la legalidad constitucional, conculcada por el presidente de la Generalitat y otras autoridades autonómicas; garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales; permitir la recuperación económica que, dijo, «en estos momentos está en serias dudas», y preservar los derechos de todos los catalanes, entre ellos, la «seguridad, la libertad y la pluralidad».

Que en esa tarea será clave el control de Hacienda (ya lo hace sobre los gastos, falta la recaudación) y de los Mossos d'Esquadra siempre se ha dado por descontado. Carmen Calvo, sin embargo, se atrevió a apuntar en otra dirección polémica: la radiotelevisión pública. Al ser interrogado al respecto, en Bruselas, Mariano Rajoy mostró su sorpresa. «¿Quién ha dicho eso?», preguntó inicialmente. Luego evitó confirmar o desmentir nada. Y desde la dirección del PSOE echaron balones fuera.

La concreción de la dirigente socialista causó cierto disgusto incluso en sus propias filas. En el PSOE respaldan la aplicación del artículo 155 e incluso se vanaglorian de que, gracias a su intervención, las medidas que adoptará el Gobierno serán más mesuradas de lo que habría cabido esperar. Pero se resisten a hacerse corresponsables de lo que pueda ocurrir y se reservan el derecho a exigir, eventualmente, responsabilidades en el Parlamento, como corresponde a su condición de partido de la oposición. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ya advirtió de que sólo tras el Consejo de Ministros de hoy, una vez se sepan las medidas que quiere tomar Rajoy, dirán si su respaldo es «absoluto, relativo o en qué grado».

El PSOE teme el desgaste de aparecer demasiado cerca del PP y está obligado a sus propios equilibrios internos. De hecho, a pesar de que el líder del PSC, Miquel Iceta, admitió que, vista la actitud de Puigdemont, no hay más salida que el 155, la portavoz de los socialistas catalanes en el Parlament, Alicia Romero, argumentó que la opción no gusta a su grupo y avisó a Ferraz de que no tiene «un cheque en blanco».

En este contexto, el independentismo volverá a exhibir músculo en la marcha de hoy en Barcelona en denuncia por el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.