Los presos solo accederán a beneficios si asumen el «grave quebranto» causado

El Gobierno avisa de que «si no se arrepienten», recibirán el tratamiento penitenciario que tienen autores de delitos graves

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

El Gobierno insiste en su firmeza en la política penitenciaria con respecto a los presos de ETA a pesar de la disolución de la banda. Y esta vez el mensaje va directamente dirigido a la izquierda abertzale. El Ejecutivo aprovecha una respuesta parlamentaria al senador de EH Bildu Jon Iñarritu para avisar de que nada va a cambiar en las prisiones con la desaparición de ETA y de que los presos de la organización terrorista, si siguen sin asumir personalmente el «grave quebranto» causado y no se «arrepienten de su conducta delictiva», van a recibir el mismo trato que los violadores o maltratadores no rehabilitados, sin posibilidad alguna de acceder a beneficios penitenciarios.

Iñarritu había preguntado al Gobierno por unas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que afirmó que «en España la calificación en el tercer grado y los beneficios penitenciarios contemplados en la ley están condicionados a que el preso muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y, además, haber colaborado activamente con las autoridades». «¿Qué tiene que ver una medida de acercamiento o alejamiento de un preso con el tercer grado y los beneficios penitenciarios? ¿Considera el Gobierno que el acercamiento de los presos a su lugar de residencia es un beneficio penitenciario?», inquirió el parlamentario.

El Gobierno, en su contestación fechada a mitad de abril, no responde directamente a esas demandas, pero deja claro que no contempla, en modo alguno, movimientos colectivos de presos y que cualquier beneficio penitenciario respondería, llegado el momento, a actitudes individuales de cada recluso. «En el caso de los delitos de terrorismo, entre otros delitos de especial gravedad como los penados por delitos sexuales o relativos a la violencia de género o penados por delitos de corrupción, el objetivo resocializador de la pena se consigue cuando el autor del delito asume que su conducta delictiva supuso un grave quebranto de los principios y valores democráticos de convivencia», avisa el Ejecutivo.

En su respuesta, el Ministerio del Interior recuerda que, como en el caso de los violadores, la reinserción (y por ende los beneficios) solo se alcanzará cuando el preso, en este caso etarra, «desarrolle planteamientos autocríticos, objetivando sentimientos de culpa y arrepentimiento». Esos -insiste la respuesta- son los «objetivos» a los que «debe estar orientado el tratamiento penitenciario» en el caso de los presos con «delitos de especial gravedad». El Ejecutivo destaca que los presos de ETA no son ninguna excepción en el sistema penitenciario, aunque dada la «gravedad del delito cometido» hay ciertas «especialidades» en su tratamiento, que en cualquier caso estará siempre encaminado a la «reeducación y reinserción social» del penado. El Gobierno también da portazo a la progresión a tercer grado para los internos que no muestren individualmente su arrepentimiento.

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