Los presos de ETA ensayarán la vía legal en otoño con peticiones de cambio de grado

Encaran un largo proceso en el que fijarán de inicio el encaje de 91 enmiendas al documento base

A. GONZÁLEZ EGAÑASAN SEBASTIÁN

. La izquierda abertzale se prepara para un proceso largo con los presos de ETA que han aceptado el plan para acogerse a beneficios penitenciarios, que no arrancará hasta la vuelta del verano, según avanzan fuentes conocedoras de la situación del colectivo. El debate en el que los reclusos integrados en el EPPK han respaldado, con un 73,4% de apoyos, el documento base que habla de abrir la puerta a «opciones jurídicas inéditas» como cambios de grado, peticiones de destino o libertades condicionales en busca de redenciones, entre otras medidas, está pendiente de que se aborde, a partir de ahora, el encaje de las 91 aportaciones al texto tanto individuales como colectivas. Este paso dará pie al texto final a lo largo del verano.

Hasta que el procedimiento se pueda poner en marcha se deberá ver primero la situación procesal en que se encuentra cada uno de los internos y la disposición personal a acogerse a esta vía legal que han aceptado 221 reclusos de un total de 350. El primer paso que podría activarse es el de las peticiones de progresión de grado penitenciario, ya que la mayoría de presos se encuentra en el primer grado, el que tiene unas condiciones más rígidas. En este caso, se trata de un trámite que en primera instancia corresponde a la Junta de Tratamiento de cada prisión.

Artículo 100
2 del Reglamento Penitenciario. Los técnicos podrán proponer a la Junta de Tratamiento que adecúe el cumplimiento de la pena a las circunstancias de cada recluso, con la aprobación del juez de Vigilancia de la Audiencia Nacional.
Artículo 90
8 del Código Penal. Precisa los requisitos para acceder a la libertad condicional en el caso de los sentenciados por terrorismo, a los que se exige repudio de la violencia, colaboración con la justicia y petición de perdón a las víctimas.

La decisión de los reclusos etarras, que ha contado con una participación del 87,2%, supondrá, si se consuma, la activación de un espacio jurídico inédito porque, aunque existen precedentes de reinserción, no los hay de un proceso de estas características. Este proceso sería un test sobre los criterios que puedan manejar la Fiscalía y la Audiencia Nacional.

Se abre, de hecho, una etapa nueva en la que no existe jurisprudencia más allá de las potencialidades del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que recoge que será el equipo técnico quien podrá proponer a la Junta de Tratamiento que adecúe el cumplimiento de la pena a las circunstancias de cada recluso, con la aprobación del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Así como, en otro extremo, del artículo 90.8 del Código Penal, que precisa los requisitos para acceder a la libertad condicional en el caso de los sentenciados por terrorismo, a los que exige repudio de la violencia, colaboración con la justicia y petición de perdón a las víctimas.

El colectivo de reclusos de ETA y sus defensas, por su parte, siempre han cuestionado que la parte de la ley que exige el reconocimiento del daño causado es una consideración moral que no forma parte del derecho.

«Marco compartido»

En este contexto, el secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco reconoció ayer que la situación procesal de cada interno no la deciden ni el Ejecutivo español ni el vasco, sino que «en buena medida les corresponde a los jueces en función de la interpretación que hacen de la ley y de la posición que adopta cada preso». Jonan Fernández reclamó a Rajoy un «marco de reflexión compartido» respecto a ETA y la política penitenciaria y que permita a los ejecutivos vasco y español decirse las cosas «cara a cara». En opinión del secretario de Derechos Humanos, también tiene «mucha importancia» lo que haga el colectivo y su entorno «para que se puedan producir cambios en la política penitenciaria».

Tras el anuncio del ministro de Interior de que el Gobierno no modificará su política de presos hasta que ETA se disuelva, Fernández valoró que, «objetivamente», la situación ha cambiado «mucho y la de hoy no es la misma de hace diez o quince años», mientras que las declaraciones de Zoido «lo mismo se podrían decir hoy que hace diez o doce años».

El PSE apuntó que no debería escandalizar que haya un acercamiento a Euskadi, aunque reconoció que el hecho «puede levantar alguna ampolla». En declaraciones a Onda Vasca, Alexia Castelo incidió en que la política penitenciaria debe aplicarse con los criterios que marca la ley, pero «vistos de forma diferente a cuando ETA estaba en plena actividad».

El Foro Social Permanente propuso ayer diseñar una hoja de ruta para el regreso de los presos de ETA y valoró su aportación «cualitativa y cuantitativa» en el documento del EPPK. Destacó la «transparencia» en el proceso, como a su juicio demandaba la sociedad civil, y pidió que estas decisiones «se pongan en marcha lo antes posible», en especial en el caso de presos enfermos de gravedad.

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