Piden que Miren Azkarate testifique por el 'caso De Miguel'

Alfredo de Miguel camina hacia el Palacio de Justicia de Vitoria./I. Aizpuru
Alfredo de Miguel camina hacia el Palacio de Justicia de Vitoria. / I. Aizpuru

El abogado de Xabier Sánchez Robles, antiguo director de Juventud, solicita que la que fuera portavoz del Gobierno de Juan José Ibarretxe acuda a declarar por los contratos suscritos por su departamento con la supuesta trama corrupta

ANDER CARAZO

El abogado de Xabier Sánchez Robles, exdirector del Departamento vasco de Juventud, ha solicitado este martes que se incluya a Miren Azkarate, consejera del área bajo el mandato del lehendakari Juan José Ibarretxe y actual consejera de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián, en la lista de 150 testigos del 'caso De Miguel', que celebra su segunda sesión en el Palacio de Justicia de Vitoria.

El objetivo del letrado es que la entonces portavoz del Gobierno Vasco ponga cierta luz sobre los contratos que se suscribieron con empresas de la presunta trama corrupta liderada por Alfredo de Miguel, antiguo 'número dos' del PNV en Álava y del Gabinete foral de Xabier Aguirre. «Puede que los que estaban en medio no se enterasen de nada», ha lanzado el defensor de Sánchez Robles después de que el representante legal del exviceconsejero Gurutz Larrañaga, el cargo del Ejecutivo autonómico de mayor rango que se ha sentado en el banquillo de los acusados, descargase toda la responsabilidad sobre los hombros de los técnicos por considerar que carecía de una estructura administrativa que controlase la legalidad de los acuerdos.

El tribunal presidido por Jaime Tapia tendrá que decidir en las próximas jornadas del 'macrojuicio' si Azkarate y otra media docena de responsables del Gabinete Ibarretxe tienen que acudir al Palacio de Justicia. De momento, la terna de magistrados ha dado el 'visto bueno' a absolutamente todas las solicitudes de testigos en esta trama que salpica a cargos, militantes y 'fontaneros' del Partido Nacionalista Vasco.

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Si bien las defensas de los implicados con la ramificación del 'caso De Miguel' relacionada con el parque tecnológico de Álava han mantenido un discurso coincidente con el objetivo de que ni siquiera se abra el juicio oral porque -bajo su punto de vista- la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza se «extralimitó» con la incautación «ilegal» de pruebas, en lo relacionado con los contratos del Departamento de Cultura se han apreciado mayores discepancias.

El exviceconsejero Gurutz Larrañaga se enfrenta a una condena de 17 años y el director Xabier Sánchez Robles, a 18 años y 4 meses. El abogado de Larrañaga ha alegado que existe una falta de estructura interna en el Departamento para controlar los acuerdos. «El viceconsejero tenía una administrativa que sólo se encargaba de llevarle la agenda», ha subrayado antes de evidenciar que es el organigrama que heredó y que todavía se mantiene, lo que se ha interpretado como una descarga de responsabilidades sobre los técnicos. «No hay conversaciones telefónicas, ni datos obtenidos, ni ningún escrito que relacione a Gurutz Larrañaga con algún tipo de asociación ilícita», ha insistido.

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