LA PELA, EL PROCÉS Y EUSKADI

Lourdes Pérez
LOURDES PÉREZ

Tres ideas sintéticas en uno de los discursos más concisos que se le recuerdan a Mariano Rajoy en Euskadi. El presidente del Gobierno, que ha participado esta mañana en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco como colofón a los homenajes al concejal asesinado por ETA hace 20 años, se ha presentado ante los suyos con tres intenciones diáfanas. Una, ligar la lucha contra el terrorismo etarra con el combate que se libra ahora contra el fanatismo yihadista y advertir implícitamente a los presos de que no esperen nada del Estado en tanto que la banda no firme su disolución. Dos, subrayar la deriva “totalitaria” que está adquiriendo el proceso independentista en Cataluña al seguir adelante con un referéndum que “incumple todas las leyes posibles”. Y tres, trazar una frontera igualmente clara entre el valor que tienen los pactos con el PNV y el Gobierno vasco para el bienestar de la ciudadanía y “el delirio” en el que estarían sumidos, a su juicio, los dirigentes del secesionismo catalán.

Rajoy ha hecho un canto del espíritu de Ermua por lo que significó para “la memoria y la decencia”, eludiendo cualquier crítica a los peneuvistas por su desmarque de la declaración pactada en el Congreso por el PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en recuerdo de Blanco. Salvando todas las distancias, que son unas cuantas, el renovado entendimiento entre los populares y el nacionalismo institucional ha retornado a un esquema conocido desde los tiempos de Aznar: amplios acuerdos en materia económica y disenso en la política de pacificación. “Bueno, ETA ya no mata”, recalcaba uno de los cargos vascos congregados en el Euskalduna, restando dramatismo al desencuentro en torno al modo de cerrar el ciclo de la violencia. Cabía la duda de si Rajoy optaría por subrayar la concordia pactista con Euskadi por contraste con el avispero catalán, a sabiendas de que los jeltzales se resisten a que la alianza sea interpretada como un contrapeso frente al desafío del referéndum del 1 de octubre. El presidente se ha decidido a hacerlo, pero con mano izquierda. Ni un elogio de más que pueda incomodar al PNV. El pacto, sin más, como ejemplo de utilidad pública frente al “enfrentamiento estéril” en el que se han embarcado, a sus ojos, los rectores de Cataluña.

Rajoy ha incidido en que el referéndum “no se va a celebrar”. El jefe del Ejecutivo nunca dice “voy a impedirlo”, y no se trata de una cuestión meramente semántica. El lugar común atribuye a una mezcla de desidia y conservadurismo profundo la renuencia del actual inquilino de la Moncloa a tomar decisiones, máxime si el escenario está tan enredado como para comprometer los intereses que dirige. Pero a la luz de la experiencia, esa está resultando una definición desajustada y simplista de cómo concibe Rajoy la política y de cómo la ejecuta. El Gobierno tiene encima de la mesa el artículo 155 de la Constitución –la intervención de la autonomía catalana- como último recurso frente al 1-0; y antes de esa prerrogativa constitucional, la Ley de Seguridad Nacional que permite al Estado, entre otras cosas, tomar la riendas de las fuerzas de seguridad; es decir, potencialmente de los Mossos d’Esquadra. Pero Rajoy no menciona lo que va a hacer, sino lo que ‘no va a ocurrir’. Y aunque el escudo de la legalidad no ha refrenado el órdago del independentismo, el presidente se ha garantizado la continuidad de la legislatura con una nueva mayoría en el Congreso, mientras Carles Puigdemont ha tenido que echar a un lado a cuatro significados consellers de su partido y al secretario de Govern para responder a las exigencias de lealtad, pureza y responsabilidad compartida hacia el 1-0 de Esquerra y de la CUP.

Los populares admiten que la cosa “pinta mal” en Cataluña, con una Generalitat reservada ya solo para los muy convencidos. Pero perciben dos movimientos –uno inesperado y otro que se ha demorado- que estarían resituando las piezas del tablero en el instante decisivo hacia el referéndum. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau y del Supremo contra el hasta entonces diputado Francesc Homs, todos ellos inhabilitados por la organización del plebiscito del 9-N, ha dejado al descubierto una imprevista vía de agua en el procés: el patrimonio; el dinero personal; la pela, en definitiva. Las multas impuestas hasta ahora son cuantiosas, aunque limitadas (en torno a los 30.000 euros). Pero el Tribunal de Cuentas está instruyendo también una causa por presunta “responsabilidad contable” contra Mas y las dos antiguas integrantes de su Gabinete en relación a los 5,2 millones de euros que costó el referéndum sin soporte legal del 9-N del 2014. Esa amenaza es la que llevó al consejero Baiget, el primer expulsado del Govern, a expresar en voz alta su temor por el futuro de su patrimonio familiar si persiste el enfrentamiento con el Estado, llevado al límite con el anuncio del 1-0. En Moncloa nadie esperaba que les apareciera un filón por ese flanco. Y todo apunta a que el dinero –los bienes individuales y la financiación pública- se va a convertir en un elemento insoslayable en lo que resta hasta el Día D del procés. En paralelo, el Gobierno empieza a percibir un despertar de voces en Cataluña, incluso de las favorables al derecho a decidir y/o a la reivindicación de un referéndum pactado, alarmadas por el rigorismo y la inflexibilidad de los líderes del independentismo. Con un interrogante añadido y novedoso: cuál será la actitud de los mossos, que han pasado a estar dirigidos por un defensor sin complejos de la ruptura –Joaquim Forn- frente al ‘legalista’ Jordi Jané.

La quietud constitucional de Rajoy frente al frenesí secesionista de Puigdemont y Junqueras. La recta final ha entrado en sus últimos tres meses.

Fotos

Vídeos