El Parlamento Vasco rechaza tramitar una ley para anular los juicios del franquismo

Los socialistas, con su abstención, se han desmarcado del criterio desfavorable que mostró el Gobierno Vasco a tramitar esta ley por entender que Euskadi no tiene competencias para legislar sobre esta materia, a pesar de que una norma similar está vigente en Cataluña con el apoyo de todos los grupos del Parlamento catalán.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han quitado importancia a la abstención del PSE y han indicado que no genera ningún problema en la coalición, tras precisar que el criterio desfavorable se aprobó en Consejo de Gobierno «sin más debate y con naturalidad». Un parlamentario del PNV, Iñaki Agirre, sobrino del exlehendakari Agirre, también ha roto la disciplina del voto de su grupo y se ha abstenido junto con el PSE. Agirre ha eludido explicar públicamente las razones de su postura y ha asegurado que las dará «donde tenga que darlas», según han señalado fuentes de su grupo.

En la propuesta se pedía que se señalasen como ilegales los tribunales de la Auditoría de la VI Región Militar puestos en marcha por la dictadura franquista y que actuaron en Euskadi hasta 1978. En consecuencia, se reclamaba la nulidad «de pleno derecho, originaria o sobrevenida» de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra dictadas por causas políticas durante ese periodo. Además, en el texto se planteaba que se autorizase al Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, para hacer un listado público de estos procesos y de las sentencias.

Desde Elkarrekin Podemos, Jon Hernández ha lamentado la posición de PNV y PSE-EE y ha acusado al Ejecutivo autonómico de «cobardía» y de no haber tratado esta materia con «suficiente rigor», ya que «hay razones de sobra para pensar que no excede las competencias» vascas. En este sentido, se ha referido a la ley catalana idéntica a la propuesta por su grupo que fue apoyada por todos los partidos, que está en vigor y que no ha sido recurrida, y ha dicho que esta norma es una «garantía para haber sido valientes e iniciar los trámites».

En la misma línea, Julen Arzuaga (EH Bildu) ha considerado «lamentable» la postura del PNV tras hacer alusión a la ley catalana y le ha acusado de «ponerles fácil a los representantes del franquismo sociológico», en alusión al PP, que «argumenten falta de competencias para no retratarse».

Juan Carlos Ramírez (PNV) ha aclarado que su partido está «al cien por cien de acuerdo» con el texto de la iniciativa, pero ha rechazado su toma en consideración por una cuestión «de forma», tras señalar que «hay dos vías, la catalana y la del criterio desfavorable. Se verá cuál de las dos tiene más recorrido».

La socialista Gloria Sánchez ha dicho entender las «cautelas» esgrimidas por los servicios jurídicos del Gobierno Vasco por cuestiones «técnicas», pero ha defendido que la proposición es «válida, legal y positiva» y ha agregado que la reparación de las víctimas del franquismo «no se agota» con este texto, sino que puede tratarse en las Cortes Generales.

Por su parte, el popular Carmelo Barrio ha advertido de que aprobar una norma «sin fuerza legal» supondría una «frustración» para las personas que busquen la nulidad de las sentencias, al tiempo que ha reconocido que «se han producido graves injusticias en juicios del pasado» que, en su opinión, deben ser arregladas por el procedimiento judicial «adecuado».