EL ORGULLO HERIDO

Los incidentes del 1-O agravan la desconexión de una parte de la sociedad catalana con España y avivan la necesidad de una salida política

Alberto Surio
ALBERTO SURIO

E l 1 de octubre de 2017 pasará a la historia como la consumación de un desastre sin paliativos. La jornada ha combinado una aparente normalidad en muchos colegios electorales con impactantes imágenes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía incautando las urnas en otros tantos y haciendo frente a miles de ciudadanos pacíficos que querían votar. Los centenares de heridos revelan un fracaso desolador. La desproporción y dureza de los incidentes debilitan más aún si cabe al Estado español en Cataluña. Las fotografías de los antidisturbios en el 1-O son políticamente valiosas para el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tanto en Cataluña como en su batalla ante la opinión pública europea, que es, en definitiva, el último árbitro que asiste desconcertado a este vendaval de acontecimientos. Y también pueden ser capitalizadas por Mariano Rajoy. Por eso, la paradoja que mejor resume la situación es que se eligiera deliberadamente como escenario para la intervención policial uno de los colegios de Barcelona en los que había acreditada una nutrida delegación de corresponsales extranjeros, CNN incluida.

Una imagen bumerán. ¿Y ahora qué? Los responsables de haber tensado la cuerda hasta romperla -por acción o por omisión- son unos dirigentes temerarios que juegan con fuego. Han alimentado a los polos, han destruido los puentes y han alentado la deslegitimación democrática del contrario. Los sectores más templados y pactistas pierden espacio, aparentemente, y costará tiempo que recuperen el timón del barco. La respuesta coercitiva del Estado, por legítima que resulte en el plano teórico, se ha convertido en la práctica en una imagen muy contestada y en un bumerán contra el Gobierno de España a la hora de ganarse a una parte de la sociedad catalana, clave en esta contienda cívica. Una actitud que ha terminado por deslizar emocionalmente hacia las tesis pro-referéndum a una franja de población indecisa que inicialmente no se había decantado.

El independentismo ganó ayer en Cataluña esa batalla del relato y endosa al Estado español la caricatura de no cumplir con los estándares democráticos mínimos. Poco importa que su vía exprés hacia la secesión no tenga viabilidad internacional ni el respaldo de media sociedad catalana. Ni que la consulta unilateral carezca de garantías serias y legales. Convertir la atípica votación de ayer en una palanca hacia la independencia es, de nuevo, forzar los ritmos hasta extremos surrealistas e infantiles. La obcecación de los hechos consumados les puede llevar a lanzarse en las próximas 48 horas por el precipicio de una declaración unilateral de independencia que, en vez de servir para intentar cerrar heridas y reconstruir los lazos rotos en los últimos meses, va a ahondar más en el divorcio, quién sabe si para hacerlo irreversible, o para forzar la mediación europea.

El 1-O ha dado más aire a Puigdemont, pero a la vez ha despertado al nacionalismo español

Exhibir músculo. Los independentistas, que han exhibido un extraordinario músculo de movilización en la jornada, se encuentran ante una disyuntiva decisiva. O van a esta declaración unilateral de independencia, que activará automáticamente una reacción de respuesta del Estado que, a su vez, agravará la fractura entre Cataluña y España. O los dirigentes secesionistas abren un diálogo con todas las consecuencias con las instituciones del Estado en busca de una salida negociada en el medio plazo. Una vía que podría pasar en primera instancia por la comisión propuesta por el PSOE en el Congreso de los Diputados, y que quizá tendría como último capítulo la posibilidad de un referéndum pactado en Cataluña para los próximos cinco años. Pedro Sánchez, que criticó ayer las cargas policiales, mantiene una línea reservada de diálogo con el PDeCAT y con ERC que podría ser determinante en las próximas semanas.

La huelga general. El problema es que la apuesta por el desbordamiento -impulsada por la CUP y que granjea recelos en el PDeCAT- tiene como última derivada una estrategia de desobediencia civil tras una posible suspensión de las funciones de la Generalitat y una convocatoria extraordinaria de elecciones autonómicas por parte del Gobierno central. El imaginario es previsible: miles de ciudadanos acampados frente al Parlament, como si fuera la revuelta del Maidan en la Revolución en Kiev, y el president encerrado en la Cámara legislativa. La huelga general convocada mañana puede ser el aperitivo de esa protesta. ¿Está la sociedad catalana, con sus parámetros socioeconómicos y su nivel de vida, dispuesta a embarcarse en esta desobediencia? Hasta ahora parecía que Cataluña no estaba ni por asomo en una situación insurreccional y parece bien difícil que sus clases medias, soporte del procés, vayan a dar ese salto al vacío.

El cuadro de ayer no resuelve la situación de empate. Las dos ‘partes’ exhiben fuerza; los dirigentes soberanistas siguen obcecados en su burbuja, una parte importante de la sociedad catalana muestra su indignación, las redes sociales han demostrado su capacidad de influencia y la televisión ha retransmitido el colapso en directo. El Estado ha dificultado el referéndum, pero paga ante el exterior un alto coste político y necesita ofrecer una propuesta que le dé credibilidad ante Europa. Rajoy tantea una salida, pero necesita al PSOE, que, a su vez, reclama una negociación política. Muchas piezas en el rompecabezas.

La bandera del orden. En el otro ‘polo’, la escalada independentista catalana está despertando al nacionalismo español de su letargo. Simplifican quienes piensan que la reacción suscitada en algunas ciudades españolas es sólo una exhibición de la ultraderecha nostálgica del franquismo. Los secesionistas catalanes se sienten heridos en su orgullo patriótico pero el nacionalismo español también. La celebración del partido del Barça ayer a puerta cerrada es un botón de muestra de la gravedad del momento.

Rajoy puede pagar un alto peaje en Cataluña y en Euskadi, en donde el PNV se ha distanciado considerablemente, aunque sin romper la comunicación con el PP. Pero el presidente del Gobierno es consciente de que el 1-O le puede permitir salvar los muebles ante esa parte de la opinión pública española que le pedía firmeza y mano dura. Y si anticipa las elecciones generales tras el desmarque del nacionalismo vasco, podrá envolverse en la bandera del orden, la ley, la estabilidad y la unidad de España. Un mantra en el que el centro-derecha puede tratar de obviar su inacción en los últimos años y suplir así la ausencia de iniciativas políticas con sus recursos recurrentes al cumplimiento de la legalidad que Puigdemont ha vulnerado. El papel de Sánchez y del lehendakari Urkullu será decisivo en este contexto tan convulso.

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