El objetivo de las detenciones: el dinero y el 'disco duro' del 1-O

Agentes de la Guardia Civil se dirigen a una sede de la Generalitar para realizar un registro. / REUTERS

Los arrestados trabajaban en puestos claves para la organización del referéndum ilegal al controlar las finanzas y el CTTI, la empresa de la Generalitat que gestiona todo el sistema informático catalán

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

Las catorce detenciones llevadas a cabo el miércoles por la Guardia Civil han llegado al nervio del referéndum ilegal que la Generalitat pretende celebrar el próximo 1 de octubre: el dinero para pagarlo y la logística capaz de que la votación se lleve a cabo. Y en este último punto, el área clave es el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el 'disco duro' de todo el desafío al Estado que se plantea para ese día.

Esta empresa pública de la Generalitat, creada en 1993 y con algo más de 200 empleados, ya fue clave en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 ya que se encargó de la logística de la cobertura de esa llamada a las urnas. Es más, según la sentencia que en marzo de este año inhabilitó al exconseller de Presidencia Francesc Homs, el papel del CTTI fue determinante ya que se encargó de los programas informáticos necesarios para el funcionamiento del 9-N y permitió la adquisición de los 7.000 ordenadores utilizados ese día. Algunas empresas subcontratadas por el CTTI expresaron sus dudas sobre la legalidad de lo que estaban haciendo y, según señaló la Fiscalía, el propio conseller puso sus servicios jurídicos a disposición de una de las firmas para que continuasen con su trabajo. Una muestra de la posición estratégica de esta sociedad, que también gestiona todas las telecomunicaciones de la Generalitat, es que su consejo de administración está presidido por la consellera de Presidencia, Neus Munté, y la vicepresidenta es la consellera de Governació, Meritxell Borrás.

Respaldo tecnológico

El CTTI, en este sentido, se ha encargado del respaldo tecnológico en las elecciones que ha organizado hasta ahora la Generalitat desde hace dos décadas. Su papel es clave en una época en la que es habitual el uso de alta tecnología en la apertura de las mesas -las comunicaciones entre los colegios y las juntas electorales se producen ya por medios digitales- pero también a la hora de transmitir los recuentos, centralizar la información y disponer de datos en tiempo real. En una jornada como la que la Generalitat pretende llevar a cabo el 1-0, la capacidad de celebrar las elecciones con este apoyo técnico es una cuestión clave en la lucha por la legitimidad en la que está empeñado el Govern. Poner urnas sin todo el respaldo necesario puede convertir la consulta en un acto pintoresco, por lo que la operación policial supone un serie varapalo a las intenciones de la Generalitat.

En este sentido, tres de los detenidos en la operación han sido Jordi Puigneró, presidente del CTTI y los cargos David Franco Martos y Josué Sallent Rivas. Este último es un alto cuadro de ERC, muy vinculado al vicepresidente Oriol Junqueras. Además han sido arrestados Jordi Graells, director del departamento de Atención Ciudadana del Gobierno catalán y responsable del voto electrónico del 1-O, y Rosa María Rodríguez Curto, directora general de Servicio de la Generalitat y encargada de desarrollos informáticos.

Los 400 millones

Pero el combustible que mantiene ingresada este maquinaria es el dinero y la operación ordenada por un juez de Barcelona ha ido también a por los responsables de las finanzas capaces de costear el desafío independentista. Y en este área son claves los arrestos de Josep Maria Jové, secretario general de la Consellería de Economía, Josep Lluís Salvadó, secretario de Hacienda, y Juan Manuel Gómez, responsable de la Conselleria de Economía y Hacienda.

Aunque las cuentas de la Generalitat están controladas por el Ministerio de Hacienda, una de las claves de los arrestos son las declaraciones realizadas a comienzos de este año por el exsenador de ERC y miembro de la magistratura Santi Vidal, quien aseguró que existía una partida de 400 millones camuflada en las cuentas de la Generalitat para organizar el 1-O. Vidal tuvo que dimitir por estas afirmaciones pero sus palabras permitieron que se iniciara una investigación judicial que ha llevado al arresto de los altos cargos de las finanzas catalanas. Los tres detenidos citados estarían vinculados a las pesquisas de la Guardia Civil para intentar encontrar esa hipotética partida que serviría para financiar el referéndum ilegal.

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