Los mandos incumplieron «reglas de prudencia»

Los magistrados rechazan los recursos de las defensas y confirman el procesamiento de los tres jefes que dieron orden de disparar

D. S. OLABARRI BILBAO.

Junto al auto en el que ha acordado llevar a juicio a los tres ertzainas que reconocieron haber disparado pelotas de goma, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha emitido otras dos resoluciones judiciales en las que, básicamente, respalda la instrucción judicial que ha dirigido la magistrada Ana Torres durante los últimos cinco años.

En este sentido, los magistrados rechazan los recursos planteados por las defensas y respaldan su decisión de procesar a tres mandos intermedios por un supuesto delito de homicidio por «imprudencia grave profesional». Estos agentes estaban al frente de otras tantas furgonetas policiales y dieron la orden de disparar pelotas de goma en el callejón de María Díaz de Haro. La acusación particular, dirigida por la letrada Jone Goirizelaia, solicita cuatro años de cárcel para estos tres ertzainas procesados. Además, pide seis años de inhabilitación y la prohibición de acercarse a los padres de Iñigo Cabacas.

La Audiencia coincide con la jueza instructora al señalar que, al menos indiciariamente, existió una infracción de las «más elementales reglas de prudencia y profesionalidad».

Distancia «inadecuada»

Por un lado, advierten que la distancia entre los agentes y las personas que estaban en el callejón era «inadecuada». La jueza de instrucción ya aseguró que estaban lo suficientemente cerca para que los proyectiles causaran letales resultados, aunque las escopetas estuviesen activadas en el modo más suave. La Audiencia también alude ahora a la propia configuración del callejón, con una «única vía libre de salida y dispersión», e insisten en que, en el momento del pelotazo, la plaza no estaba «especialmente concurrida ni se aprecia un lanzamiento masivo de objetos». Circunstancias que hubieran hecho «eventualmente necesario» el uso de pelotas de goma por parte de unos agentes, «que contaban con la debida y reglamentaria protección».

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