Dos leyes «sin recorrido»

Carles Puigdemont. /
Carles Puigdemont.

Dos expertos constitucionalistas auguran horas de vida a las normas de referéndum y de transitoriedad

A. GONZÁLEZ EGAÑASAN SEBASTIÁN.

Expertos en Derecho Constitucional coinciden en que la vigencia de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica que prevé aprobar el Gobierno catalán será de apenas unas horas. En ambos casos, se podría estar hablando de dos leyes sin apenas recorrido, ya que en el momento que sean aprobadas por la Cámara catalana, el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, tras una deliberación, presentará un recurso de inconstitucionalidad, el tribunal lo admitirá y se suspenderá inmediatamente su vigencia. El gobierno precisará de un informe del Consejo de Estado que se puede elaborar también rápidamente, en uno o dos folios. En resumen, serían tres reuniones formales que podrían producirse en menos de 24 horas. «Con esta previsión, esas leyes no entrarán en vigor nunca», argumentan los profesores de Derecho Constitucional Javier Tajadura y Juan José Solozabal.

Ambos descartan, además, que se pueda producir, «de ninguna manera», una legalidad paralela cuando el Parlamento de Cataluña saque adelante, todo apunta que el miércoles de la próxima semana, ambas normas. La doble legalidad «solo se puede dar en una situación de guerra civil», apunta Tajadura para explicar que «no va a haber más que una única legalidad que habrá que imponer y que es la española». Considera «una fantasía» de los mandatarios catalanes que digan que la ley que diseñan «estará por encima de todo o que vaya a ser una ley suprema». «Uno no puede hacer una ley y decir que está por encima de la Constitución española o de la francesa...». «Hay una única realidad legal, verdadera y efectiva que es la española», sentencia.

En el momento en que el TC suspenda ambas leyes, ambos expertos avisan que los líderes soberanistas «estarían entrando en una situación de ilegalidad si siguen adelante con el referéndum del 1 de octubre». Cometerían «al menos dos delitos claros: malversación de caudales y desobediencia». «Cualquier euro destinado a preparar la consulta ilegal, lo dijo el Tribunal Constitucional, sería un delito de malversación de caudales públicos. Al mismo tiempo, seguir adelante con el referéndum supondría un delito de desobediencia a una orden de este tribunal», citan.

A la pregunta de si, pese a todo, el Gobierno de Carles Puigdemont puede celebrar el referéndum, Tajadura utiliza un símil para apoyar su argumento. «Es como si yo entro en una joyería y me llevo una joya sin pagar. Ya sé lo que me tiene que pasar porque estoy cometiendo un delito».

En el caso catalán, alerta de que «están cometiendo un montón de delitos». «Nos hacemos muchas preguntas porque es todo muy esperpéntico, pero es muy sencillo. De hecho, alumnos de primero de Derecho saben que a quien comete un delito, lo que se hace es detenerlo», avisa. Tajadura cree que sería más acertado «prevenir aunque no sea tarea fácil». A su juicio, cualquier solución el 2 de octubre sería «mucho más complicada» que el 30 de septiembre.

Delito de sedición

En el supuesto de que se cometiera un acto de fuerza, Tajadura advierte de que «podríamos estar hablando de un delito de sedición y en ese caso la pena es de 30 años de cárcel». No comparte la afirmación de los independentistas catalanes de que «va a ser todo pacífico, mediante unas urnas». Alerta de que «pueden no ser tan pacíficos si les retiran las urnas, y entonces ya no estaríamos solo ante una malversación, una prevaricación o una desavenencia, sino que si se oponen por la fuerza, eso sería un delito de sedición».

«La doble legalidad solo se puede dar en casos de guerra civil» Javier Tajadura, UPV

«La ley de transitoriedad rompe con el ordenamiento jurídico» Juan José Solozabal, Autónoma de Madrid

Entre los mecanismos de los que dispone el Gobierno español para evitar o resolver lo que pueda ocurrir el 1-O, ambos expertos se fijan en la Ley de Seguridad Nacional que sería la antesala del artículo 155. «Si se tuviera que aplicar, el Gobierno podría declarar una situación de emergencia nacional y durante un tiempo estaría capacitado para dar órdenes a la Policía autonómica», explican.

Solozabal apunta que en el caso de la ley de transitoriedad jurídica, el problema no es tanto su contenido, sino que «efectivamente rompe con el ordenamiento, con el sistema constitucional y para un jurista es francamente fuerte». Este catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid califica la situación que se puede vivir e1 1-O de «delirio».

Repara en que la convocatoria del referéndum podría asumirla también el propio president, a través de un decreto ley, un supuesto que considera «absolutamente irregular y sería igualmente impugnado y suspendido inmediatamente». Apunta que se podría llegar a firmar y publicar incluso la noche antes del referéndum, para, de ese modo, tener una vigencia como mucho de 5 horas para poder votar. «Sería una tomadura de pelo absoluta. No habría por dónde cogerlo y además es una cosa que nadie se merece. Las cosas se pueden hablar, pero no se puede imponer algo así en un Estado de derecho», remarca Solozabal.

Fotos

Vídeos