La Justicia ante la trituradora catalana

La mirada

El Supremo se la juega este jueves con los miembros de la Mesa del Parlament tras las órdenes de prisión contra el Govern. Existe la opción de que el alto tribunal se quede para sí toda la causa por «conexión». Mientras, los encarcelamientos dictados por Lamela dividen a Jueces para la Democracia

Lourdes Pérez
LOURDES PÉREZ

1. El proceso hacia la independencia de Cataluña, una trituradora que ha devorado ya el sistema de partidos que venía operando desde la Transición, amenaza ahora con abrir las costuras de la Justicia española ante la que se dirimen las gravísimas imputaciones -rebelión, sedición y malversación de caudales públicos- que pesan contra Carles Puigdemont y los miembros de su destituido Gobierno, y contra Carme Forcadell y los integrantes de la Mesa del Parlament que dieron curso a las leyes de desconexión. Las tensiones, a la altura del inédito desafío planteado, se libran en estos momentos en tres escenarios. Uno es la Audiencia Nacional, donde la jueza Lamela ha asumido las tesis de la Fiscalía y ha enviado a prisión a Oriol Junqueras y otros siete exconsellers tras haber hecho lo propio con los 'Jordis'. La decisión ha provocado una enorme polvareda, hasta el punto de que ha sido imposible que las cuatro asociaciones judiciales suscribieran un comunicado conjunto amparando la actuación de su compañera de la Audiencia Nacional. Y hasta el punto de dividir a Jueces para la Democracia, donde los asociados que creen que hay indicios delictivos sólidos para perseguir a consellers y parlamentarios están respondiendo críticamente, en los chats internos, a la nota del secretariado que expresa sus objeciones hacia Lamela. El segundo escenario pasa por el Tribunal Supremo, que este jueves 9 de noviembre -fiesta de la Almudena y tercer aniversario de la consulta alegal que acabó inhabilitando a Artur Mas- tomará declaración a Forcadell y al resto de los diputados de la Mesa encausados por promover la república catalana. El tercer hito penal lo ha construido Puigdemont con su huida a Bruselas, en un doble intento de externalizar el procés y deslegitimar al entramado judicial español del que tanto han desconfiado siempre los togados belgas. Por eso es el país de la UE en el que buscaron refugio los sospechosos de vinculación con ETA.

2. En este contexto altamente tóxico, la decisión que pueda adoptar este jueves el instructor del Supremo Pablo Llarena -expresidente de la Audiencia de Barcelona, «un conservador con sentido de lo público»- ha adquirido una dimensión casi agónica. Porque a nadie se le escapa la nueva convulsión que supondría enviar a la cárcel a la presidenta de un parlamento autonómico y a sus correligionarios. Pero a nadie se le escapa tampoco lo que significaría, para la credibilidad de los tribunales y del Estado de Derecho, que Llarena adoptara unas medidas cautelares distintas -y, en consecuencia, menos gravosas- que las resueltas por Carmen Lamela. «Una contradicción entre ambos sería insoportable», admite sin ambages un veterano magistrado. Otro togado subraya lo obvio: que Lamela se decantó por la prisión porque hubo alguien que lo pidió, la Fiscalía. Esta fuente, que conoce bien a José Manuel Maza, duda de que el fiscal general del Estado haya dado o vaya a dar ningún paso sin el conocimiento del Gobierno, del que pende jerárquicamente aunque con mandato de independencia. Sin el conocimiento, cuando menos, del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

3. En su querella, Maza asume el escollo al que se enfrenta para probar el delito de rebelión: el recurso a la violencia para desestabilizar al Estado constitucional. Es por ello que incorpora otros dos tipos delictivos situados en una escala inferior. Uno es la conspiración para la rebelión; el otro, la sedición, el que se esgrimió en su día para tratar de condenar a los controladores que provocaron el caos en los aeropuertos en el puente de la Constitución de 2010. Junto a ello, la Fiscalía evidencia que se querella «por los mismos hechos» contra los miembros del Govern y del Parlament. Si los primeros están siendo enjuiciados en la Audiencia es porque ya no son aforados.

4. Y es aquí donde entra el Supremo. En su auto de admisión de la querella contra Forcadell, la sala compuesta por el presidente Marchena y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela le dicen al instructor Llarena que le corresponde a él determinar, a lo largo de la investigación, si cabe «reclamar para el Supremo, como sugiere el fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales». Traducido: existe la opción de que el alto tribunal se quede para sí con toda la causa por «conexión delictiva». Una causa que la Fiscalía levanta sobre la convicción de que se ha dado una «acción concertada» del Govern, el Parlament, la ANC y Òmnium para subvertir el orden constitucional.

Esta alternativa despierta expectativas a la hora de evitar un choque de trenes, este judicial. «Dividir la causa es un disparate», zanja uno de los magistrados citados más arriba, quien reprocha a Lamela haber afrontado su sumario como una suerte de «causa general» y atisba opciones de modulación en la posición del Supremo, tanto por el talante del instructor como por la configuración de una Sala que incluye a dos conservadores templados -Marchena y Berdugo-, a uno «muy duro» -Sánchez Melgar-, al progresista Martínez Arrieta y al siempre impredecible Varela. El otro juez mencionado, quien avala el criterio profesional de Lamela aunque sugiriendo que debería haber esperado al alto tribunal, lo resume gráficamente: «El Supremo no es tan vulnerable hoy como la Audiencia Nacional» ante el riesgo de deslegitimación política y social.

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