El juez del Supremo amplía la investigación a toda la cúpula independentista del 'procés'

Ordena a la Guardia Civil que analice el papel de Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel (CUP) o Artur Mas en el «comité estratégico» secesionista

MATEO BALÍN MADRID.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comenzado a construir el puzle de la causa contra el proceso soberanista en Cataluña. Una vez que ya tiene perfilado el papel que pudieron tener los 22 encausados hasta la fecha -las órdenes de arresto en Españal contra los cinco huidos a Bélgica siguen vigentes-, el magistrado dio ayer un impulso a la investigación tras ordenar una batería de diligencias a la Guardia Civil e información al juzgado de Barcelona que coordinó la operación Anubis del 20 y 21 de septiembre, dirigida contra el núcleo organizador del referéndum anulado del 1 de octubre.

A punto de cumplirse el ecuador de la campaña electoral, el juez Llarena irrumpió en la agenda catalana con una providencia de apenas cinco páginas pero de alto voltaje por su contenido. Una resolución donde especifica más de una veintena de pesquisas que trascienden del estado actual de la instrucción a los 14 miembros del Gobierno cesado de Carles Puigdemont, seis de los integrantes de la Mesa del Parlament disuelto o los líderes civiles independentistas, Jordi Sánchez (Asamblea Nacional de Cataluña) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural).

El magistrado puso la lupa en el 'gobierno en la sombra' de todo este proceso ilegal, que alcanzó su culmen con la proclamación de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre en la Cámara autonómica. Para ello ordenó a la Guardia Civil, que ejerce las funciones de Policía Judicial en el proceso, que analice la función de los miembros del comité estratégico secesionista que estableció una hoja de ruta hacia la independencia. Un órgano conocido tras la incautación durante los registros de la operación Anubis de un documento incriminatorio clave en la causa, llamado 'Enfocats', que fue encontrado en el despacho de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía.

La agenda con nombres incautada a Jové, segundo de Junqueras, clave en las pesquisas

En concreto, requirió a la Unidad Central Operativa que realice un informe sobre los comportamientos «individualizados» de cada uno de los integrantes de este comité. El papel que tuvieron no solo sus miembros más conocidos como Puigdemont, Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn o los líderes de ANC y Òmnium. Si no también los integrantes del segundo nivel, como la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, su homóloga en el PDeCAT, Marta Pascal, la exportavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, o los representantes de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), quienes de momento no están imputados.

En paralelo, ayer mismo se conoció un informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el que se detalla el rol que desempeñaron Rovira, Gabriel o el expresidente Artur Mas, que supuestamente también formó parte de ese órgano. El documento de los agentes hace referencia al «indicio 8», en alusión a una agenda Moleskine encontrada en casa de Jové. Son anotaciones fechadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 respecto a «la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia de la república catalana», «el referéndum», «estructuras de Estado», «leyes de desconexión» y «estrategia de desobediencia».

Otros participantes

En esas reuniones pudieron haber participado, además, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, el jurista Carles Viver i Pi Sunyer, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso Joan Tardá o los exdiputados autonómicos de la CUP Eulàlia Reguant y Benet Salellas, según la agenda.

La providencia de Llanera ordena también a la Guardia Civil que recabe los «elementos objetivos» que existan sobre si CDC, P DeCAT, ERC, Òmnium, ANC y AMI «impulsaron movilizaciones sociales para facilitar la DUI» y si se concertaron para que las plataformas abonaran partidas destinadas a diversos actos. Una estrategia para evitar la malversación de dinero público.

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