Los inversores catalanes implicados en el caso De Miguel piden la prescripción

De Miguel, a punto de entrar al Palacio de Justicia. / IGOR AIZPURU
De Miguel, a punto de entrar al Palacio de Justicia. / IGOR AIZPURU

El juicio se suspende hasta el próximo jueves, cuando la Fiscalía tratará de responder a los argumentos expuestos por las defensas

ANDER CARAZO VITORIA.

La prescripción de los supuestos delitos es uno de los argumentos más repetidos por parte de los abogados de los 26 imputados en el caso De Miguel para evitar que se inicie el juicio oral. No han dudado en sumarse a esa idea los representantes legales de los inversores catalanes Francesc Fernández Joval, Placid Casas Baques, Joaquim Sabater Bou y Ramón Tomás Riba -para quienes la Fiscalía solicita siete años y seis meses de cárcel- implicados en la adquisición de opciones de compra por terrenos en la localidad alavesa de Zambrana, en lo que pretendía ser un 'pelotazo', y por lo que pagaron importantes sumas de dinero a Iosu Arruti, socio y amigo íntimo de Alfredo de Miguel, y su padre, ambos militantes del PNV.

Con esta operación -que siguió adelante pese al informe contrario de los técnicos y que sólo se frustró tras la llegada del PSE a Ajuria Enea- se pretendía poner en marcha un polígono industrial mediante una recalificación de terrenos supuestamente irregular. Por eso, los cuatro empresarios catalanes están incluidos entre los 26 procesados en el macroproceso, que afecta a antiguos altos cargos, militantes y 'fontaneros' relacionados con el PNV. Entre ellos destaca De Miguel, que hasta su detención -en marzo de 2010- era número dos del Araba Buru Batzar (ABB) y del Gobierno foral. Para él se solicitan 54 años de prisión.

Los letrados de los cuatro catalanes defendieron que los delitos que se les imputan -cohecho, falsedad documental continuada y asociación ilícita- «han caducado». «No cometieron ningún delito y si lo hubiesen hecho están prescritos», subrayó uno de los abogados. El compañero que le tomó el relevo en el uso de la palabra pidió al tribunal -presidido por Jaime Tapia- que tome una decisión en esta fase previa y no lo retrase a la sentencia porque así «daña la imagen» de estos empresarios.

Romper los nudos

La terna de magistrados no se pronunciará al menos hasta finales de la próxima semana. El fiscal jefe Josu Izaguirre solicitó retrasar al día 18 su respuesta a los abogados de los imputados que, durante las tres primeras jornadas, han intentado romper los nudos de la supuesta red corrupta que había plasmado en el escrito de acusación.

Los abogados de los inversores de la fallida y turbia macrorrecalificación urbanística de Zambrana insistieron en que se anulen las grabaciones realizadas por la abogada Ainhoa Alberdi y que propiciaron la detención de De Miguel y otras siete personas de su entorno, entre los que estaban los antiguos miembros del ABB Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. Los letrados evocaron el caso Guateque, en el que estaban implicados una treintena de empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y quedaron absueltos al considerarse nulas las pruebas de audio. Entonces, el magistrado lo decidió al considerar demostrado que la Guardia Civil, de espaldas a la Justicia, entregó al denunciante una grabadora para registrar las conversaciones en las que se confesaban los delitos. De momento, en el caso De Miguel se sabe que Alberdi actuó de 'motu proprio'.

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