Interior quiere llevar ante la Audiencia Nacional a varias decenas de mossos

Interior quiere llevar ante la Audiencia Nacional a varias decenas de mossos

Guardia Civil y Policía van a cribar el listado de 7.850 agentes catalanes que participaron el 1-O para localizar a los «inactivos»

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La causa abierta en la Audiencia Nacional por sedición y denegación de auxilio contra Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, podría tener en breve decenas de imputados más. El Ministerio del Interior quiere llevar a este tribunal a varias decenas de agentes de Mossos d’Esquadra que el 1-O, día del referéndum ilegal, mostraron no solo una actitud pasiva a la hora de desalojar los colegios, sino que en algunos casos llegaron supuestamente a obstruir el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado o se enfrentaron abiertamente con los policías y guardias civiles.

La juez Carmen Lamela oficialmente no ha respondido a la solicitud de la Fiscalía de ampliar los hechos investigados más allá de los incidentes del 20 de septiembre, cuando una decena de agentes de la Guardia Civil fueron acosados por una multitud durante el registro de la Consejería de Economía. Pero en la práctica, la instructora ya ha aceptado ampliar sus indagaciones (este viernes pidió a la Guardia Civil un informe sobre las llamadas telefónicas de Trapero y el resto de investigados entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre).

Según han revelado fuentes de los propios Mossos, la juez también ha pedido a la dirección del cuerpo que le facilite un listado completo de los 7.850 agentes autonómicos que participaron en el dispositivo completo del 1-O. La magistrada, según esas mismas fuentes, ha requerido que se identifique con el número profesional a todos los funcionarios y se especifique el destino que tuvieron durante la jornada de votación y el trabajo que realizaron, tanto si cerraron centros como si no lo hicieron. Además, ha pedido el listado de todo los mandos que «ejercieron tareas de coordinación e información» sobre los centros de votación.

Según han informado responsables de Interior, este listado había sido requerido por la Fiscalía, a instancias de la Guardia Civil, que se ha comprometido a tratar de identificar a todos los agentes autonómicos que no colaboraron en los desalojos, desoyeron sus peticiones de ayuda o, directamente, se enfrentaron a ellos. La Guardia Civil, de forma preliminar, ya ha entregado a la juez Lamela vídeos y documentación de 41 colegios en los que los funcionarios autonómicos, a su entender, podrían haber incurrido en diversos delitos. Se trata de 17 centros de Barcelona, nueve de Tarragona, nueve de Lérida y seis de Gerona.

La Policía Nacional, que va más atrás en las pesquisas, va a esperar a recibir el listado completo de los mossos que actuaron el 1-O para tratar de identificar a los agentes que no colaboraron en los desalojos.

Los responsables de la seguridad del Estado ya avanzan que en la «práctica totalidad» de los 92 colegios en los que intervinieron la Policía y la Guardia Civil no hubo colaboración alguna por parte de los Mossos d’Esquadra.

Solapamiento

La investigación por sedición que dirige en la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha comenzado ya a solaparse abiertamente con la veintena de procedimientos abiertos por diversos juzgados catalanes a raíz de denuncias de ciudadanos sobre la inacción de los Mossos. La semana pasada, el juzgado de Instrucción número cuatro de Lérida ordenó dos registros en busca de pruebas de esa pasividad en la comisaría de Ponent de Mossos y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, situada en Hospitalet de Llobregat.

También, el juzgado único de primera instancia e instrucción de la localidad tarraconense de Gandesa comisionó a varios guardias civiles para reclamar información de la sede central del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona) en busca de las comunicaciones internas de los Mossos el 1 de octubre.

Con este paisaje procedimental, Interior no ve con malos ojos que todas las diligencias previas abiertas en los juzgados ordinarios catalanes por presunta desobediencia de los Mossos acaben en la Audiencia Nacional. El delito conexo, no obstante, que arrastraría estos procedimientos al tribunal central sería el de sedición. De ahí la problemática que plantea esta posible macrocausa.

Fuentes de la Fiscalía han señalado que no estudian esta posibilidad y que solo se centran en investigar la posible sedición del major Trapero, su intendente Laplana y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, en prisión provisional sin fianza desde el pasado lunes. Tampoco la juez Lamela parece estar por la labor, según las mismas fuentes. Por lo tanto, seguiremos viendo por ahora diligencias paralelas de la Audiencia Nacional y los juzgados catalanes sobre hechos similares aunque persiguiendo delitos distintos.

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